Dávila recordó que la emergencia se originó tras una crecida torrencial el 24 de junio, afectando específicamente los sectores Mucunutan y Mucuy Baja. Pese a que han transcurrido "cuatro meses", la situación sigue sin resolverse.
Impacto en la comunidad y la economía
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La legisladora destacó que el puente es la única "salida y una entrada de la vida cotidiana" para más de 3.000 familias en la zona. La afectación es grave y múltiple, impide el traslado de personas que requieren tratamientos médicos vitales, como quimioterapia y diálisis.
La zona es agrícola y turística, produciendo café, leche y queso, además de contar con varias posadas. El colapso del puente golpea la economía regional al dificultar la movilización de productos.
El desvío actual a la vuelta de Lola obliga a un recorrido de 50 minutos adicionales por una carretera que no está en buen estado, lo que incrementa el deterioro vehicular y afecta la rutina de quienes, como ella, deben movilizarse a diario.
Llamado a las autoridades
Daymar Dávila manifestó su preocupación por la respuesta de las autoridades locales. Indicó que, aunque no ha conversado personalmente con el alcalde de Santos Marquina, este ha respondido que la reparación "no le compete a él porque le compete es al Ministerio de Transporte".
Sobre los trabajos que se realizan actualmente, Dávila mencionó que hay una máquina alquilada rellenando el área, pero sin material estructural, y señaló que el Consejo Comunal y los habitantes no están de acuerdo con la forma en que se está ejecutando la construcción de una zapata en el puente.
Actualmente, el paso es solo peatonal, a riesgo, por una trocha, y el paso de vehículos está totalmente restringido.
Leonardo Rodríguez Dugarte / Compás Informativo
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