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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) reiteró este sábado sus denuncias sobre lo que califica como «contradicciones y manipulación comunicacional” en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía en el país.
En un comunicado, la organización cuestionó los anuncios oficiales relacionados con la normativa y sostuvo que los mensajes sobre su vigencia o posible «fin» evidencian «falta de coherencia institucional y ausencia de claridad jurídica».
Clippve sostuvo que cualquier intento de dar por terminada la ley sin procedimientos legales constituiría una “vía de hecho” contraria a la Constitución, al tiempo que advirtió que la aplicación del instrumento ha sido “limitada y excluyente”.
La organización reconoció que la amnistía ha permitido la excarcelación de algunos detenidos, pero señaló que aún permanecen cientos de personas privadas de libertad por razones políticas, varias de ellas en condiciones de salud críticas.
Asimismo, criticó que las recientes declaraciones oficiales contradicen anuncios previos de instancias legislativas, que habían presentado la amnistía como un avance en materia de liberaciones.
En su pronunciamiento, el comité exigió «transparencia en cualquier reforma de la normativa e instó a que se incorporen organizaciones de víctimas, ONG y acompañamiento internacional en el proceso». También planteó como alternativa la liberación inmediata de todos los presos por razones políticas en el país.
La organización enfatizó que la estabilidad del país «solo será posible con la restitución plena del Estado de Derecho y la supremacía de la Ley por encima de intereses políticos».
Contexto
El pasado jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que el proceso de amnistía llegaría a su «fin” tras dos meses de su promulgación, y destacó que más de 8.616 personas han sido beneficiadas en el marco de su ejecución, calificándola como una de las más amplias a nivel internacional.
Sin embargo, la funcionaria no precisó el alcance jurídico de la culminación, aunque señaló que los casos excluidos de la norma podrían ser atendidos mediante instancias como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia Penal.
Por us parte, el diputado Jorge Arreaza aseguró que la Ley de Amnistía “seguirá recibiendo solicitudes” y sostuvo que la normativa continúa vigente, indicando que el anuncio oficial abre mecanismos alternos para la revisión de casos.
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