Mérida.- En un contexto de creciente tensión política, la comunidad estudiantil de la Universidad de los Andes (ULA) se reunió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para analizar el Estado de Conmoción decretado en el país. El foro, que contó con la ponencia del reconocido constitucionalista y exalcalde de Mérida, Fortunato González, buscó esclarecer las implicaciones legales que este escenario tiene sobre la vida del ciudadano común.
El Estado de Excepción bajo la lupa
Los dirigentes estudiantiles José Varela y Arquímedes Lobo expresaron su preocupación por lo que consideran una "restricción y limitación" de las garantías fundamentales en Venezuela. Según Lobo, el decreto del 3 de enero representa una de las formas más graves de los estados de excepción previstos en la Constitución, agravando la situación de derechos como la libertad y el debido proceso.
"Es sumamente importante que la sociedad merideña y venezolana entienda hacia dónde nos estamos dirigiendo y en qué punto estamos", afirmó Varela, subrayando la necesidad de espacios de pensamiento crítico frente a un gobierno que calificó como "de facto".
Las implicaciones del "Decreto de Conmoción Exterior"
Durante su intervención, el profesor Fortunato González destacó la peligrosidad de las nuevas normativas, haciendo especial énfasis en la Ley del Odio y en las cláusulas del reciente decreto.
Los puntos clave discutidos por González incluyeron:
- Responsabilidad penal: El decreto establece que cualquier persona que haga "apología" de ataques externos puede ser considerada culpable y detenida.
- Impacto en el ciudadano: Esta previsión jurídica afecta directamente a la población, ya que nadie queda exento de su aplicación.
- Análisis político-militar: González cuestionó la efectividad de las fuerzas de seguridad ante eventos de magnitud internacional, señalando la desproporción en el número de generales en comparación con otras potencias.
El rol de la Universidad
Para los representantes de la ULA, este foro no solo es una actividad académica, sino un acto de resistencia institucional. El objetivo final es dotar a los estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de herramientas para entender los acontecimientos en pleno desarrollo y fortalecer su formación profesional ante la crisis institucional.
Leonardo Rodríguez Dugarte / Compás Informativo
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