Madrid, España.- Pocas horas después de que se conociera que agentes de la Policía Nacional de España estaban allanando la sede de Plus Ultra en Madrid, la tarde de este jueves se confirmó que dos altos cargos de la aerolínea fueron detenidos. Concretamente, fueron arrestados Julio Martínez, presidente de la compañía, y su consejero delegado Roberto Roselli, quien es venezolano.
El procedimiento se llevó a cabo por parte de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, dentro de una investigación por una presunta trama para el blanqueo de capitales, aunque la causa permanece «bajo secreto» y está a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Ahora bien, pese a que formalmente la averiguación está «bajo secreto», la prensa española ha adelantado que la causa parece estar relacionada con dos precedentes que apuntan hacia transacciones irregulares con Venezuela.
Por una parte, de acuerdo con un reportaje de El País el origen de todo es el rescate financiero de 53 millones de euros que le otorgó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a la aerolínea en 2021 en el contexto de la pandemia de covid-19.
En ese sentido, cabe recordar que, el primer precedente data del propio 2021, cuando la Fiscalía Anticorrupción española inició investigaciones ante acusaciones de que la aerolínea en cuestión no cumplía con los criterios para obtener el rescate financiero. En medio de las indagaciones, surgieron sospechas de que la compañía estaba implicada en transferencias para blanquear dinero procedente del oro venezolano y un pago «no urgente» a Pdvsa.
Uno de los puntos que se seguían en esas pesquisas era precisamente dilucidar por qué parte del dinero del rescate se destinó a un pago a Pdvsa, cuando el objetivo de esa ayuda era garantizar la sobrevivencia de la empresa beneficiada, en este caso, Plus Ultra.
«El equipo de peritos que asesoró a la compañía defendió que ese desembolso se debía a una deuda que no se pudo pagar antes por motivo del embargo y las sanciones internacionales que la petrolera tenía. Los peritos independientes del juzgado decían, en cambio, que no era habitual que se hubiera priorizado ese pago cuando había operaciones en la mercantil más urgentes«, rememoró El País.
Pero, tal y como menciona ese medio, el caso fue archivado en noviembre de 2022 luego de que la compañía alegara que había vencido el plazo de 12 meses para concretar una imputación.
«La magistrada Esperanza Collazos había olvidado este trámite y llamó a declarar a la aerolínea, primero en una fecha en mayo y posteriormente en junio de ese año. Pero la comparecencia nunca llegó a producirse. ‘La expiración del plazo conlleva la inviabilidad de incorporar el material instructorio’, indicó la Audiencia madrileña. En enero de 2023 la juez dictó el sobreseimiento provisional«, expone el reportaje.
El segundo precedente tiene fecha más reciente y se relaciona con una demanda interpuesta por Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 ante la Audiencia Nacional.
La Fiscalía acusó a Plus Ultra de usar el dinero público del rescate para «devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela».
ABC, por su parte, destacó que la Fiscalía «analizó información recibida por autoridades francesas y suizas y había llegado a la conclusión de que se hizo un uso indebido de la ayuda del gobierno, lo que constituía un indicio de una defraudación al Estado«, dice el medio.
Y explicó que la Audiencia Nacional se declaró no competente en esa investigación e instó a la Fiscalía a introducir la denuncia en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Fuentes jurídicas le confirmaron al medio El País que la Fiscalía Anticorrupción sigue adelantando esas investigaciones, cuya consecuencia más reciente es la detención de Martínez y Roselli.
Otro punto polémico sobre el rescate financiero se relacionó con el hecho de que en medio de las acusaciones se cuestionó la propiedad de la empresa, bajo sospechas de que en realidad era una empresa venezolana que aprovechó la circunstancia para obtener los 53 millones de euros del Estado español.
Ante los cuestionamientos, la compañía aérea se defendió afirmando que es una empresa española, aunque «como “el resto de compañías del sector, su accionariado está compuesto por diferentes nacionalidades».
El hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez incluyera a Plus Ultra en el plan de rescate ha sido desde entonces otro punto conflictivo, dado que se suponía que la ayuda iría dirigida a empresas esenciales, pero la introducción de una aerolínea en el plan -con la maniobra de calificarla como ‘estratégica’- causó suspicacias.
Además, hubo acusaciones de que la empresa estaba insolvente desde 2019, lo que, en teoría, la descalificaba automáticamente del plan de rescate.
Con información de El País
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