Miami, Florida, EEUU.- Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos avaló este viernes la Ley SB 264, promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que impone límites a la compra de propiedades por parte de ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.
El fallo, emitido por el Undécimo Circuito de Apelaciones, marca un triunfo político para el gobierno estatal y revierte los intentos de diversas organizaciones civiles que buscaban bloquear la normativa por considerarla discriminatoria. La decisión fue aprobada por mayoría, dos votos contra uno, y sienta un precedente en las políticas de control de inversión extranjera dentro del estado.
Mientras el equipo de DeSantis celebra el fallo como una medida de defensa territorial, los grupos de derechos civiles lo describen como un retroceso que revive viejas prácticas de exclusión basadas en la nacionalidad.
La ley y sus alcances: venezolanos entre los afectados
La Ley SB 264, aprobada en 2023, prohíbe que la mayoría de los ciudadanos chinos adquieran terrenos o propiedades a menos de 16 kilómetros de instalaciones consideradas estratégicas o críticas. Pero el alcance de la norma va más allá al imponer restricciones, aunque con mayor flexibilidad, a personas procedentes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria.
“Hoy ganamos en grande en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Undécimo Circuito, defendiendo nuestra ley que previene la posesión de tierra en Florida por el Partido Comunista Chino”, celebró el fiscal general James Uthmeier tras conocerse la resolución.
El fallo, sin embargo, deja margen para excepciones. Aquellos extranjeros que cuenten con visados distintos al de turista —incluidos solicitantes de asilo o residentes legales— podrán adquirir una única vivienda de hasta 8.000 metros cuadrados, siempre y cuando esté ubicada a más de ocho kilómetros de cualquier base militar, según El Clarín.
Organizaciones como la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA) denunciaron que la norma tiene un carácter abiertamente discriminatorio. Su presidente, el abogado Clay Zhu, aseguró que la ley “explícitamente discrimina contra los inmigrantes chinos y tiene efectos escalofriantes entre los asiático-estadounidenses en Florida que simplemente quieren comprar una casa”.
Desde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la abogada sénior Ashley Gorski coincidió en la crítica: “Todas las personas, sin importar de dónde vinieron, deberían ser libres de comprar casas y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación”.
En su voto disidente, el juez Charles Wilson advirtió que la SB 264 forma parte de “una resurgencia moderna de las ‘alien land laws’, las cuales fueron admitidas en la primera mitad del siglo pasado y luego descartadas junto con otras leyes de segregación racial”. Wilson también cuestionó que la regulación de las inversiones extranjeras corresponde al gobierno federal, no al estatal, y señaló que esa función recae en el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS).
Por el contrario, el juez Robert Luck —autor del fallo mayoritario— sostuvo que los demandantes “no cumplían los requisitos para estar directamente afectados”, ya que no estaban domiciliados en China. En el caso de Yifan Shen, residente en Florida desde 2019 con visa de trabajo, precisó que “la ley estatal permite que no ciudadanos establezcan Florida como su domicilio”.
Impacto económico y clima político
El veredicto llega en un momento crucial para el mercado inmobiliario de Florida, uno de los más activos y globalizados de Estados Unidos. Según datos de Miami Realtors (2024), cerca de 20% de las transacciones de vivienda en el estado corresponden a compradores extranjeros. Expertos del sector advierten que las restricciones podrían reducir esa participación, especialmente en ciudades donde la inversión internacional ha sido motor del crecimiento urbano.
DeSantis ha defendido la medida como una estrategia para “proteger la soberanía” de Florida frente a la influencia del Partido Comunista chino y de otros gobiernos considerados hostiles. Sus partidarios aseguran que la ley fortalece la seguridad del estado al impedir que ciudadanos extranjeros adquieran terrenos cerca de infraestructuras clave.
Sin embargo, los críticos advierten que las consecuencias podrían ir más allá de lo económico. Diversas organizaciones de derechos civiles alertan que la ley podría alimentar la desconfianza hacia comunidades de inmigrantes —incluidos los venezolanos, cubanos y asiáticos— y fomentar un clima de exclusión en uno de los estados con mayor diversidad cultural del país.
Economistas consultados señalan que la caída en la demanda de compradores extranjeros podría ralentizar el dinamismo del sector inmobiliario, especialmente en los condados del sur, donde las inversiones internacionales, entre ellas las venezolanas, representan un pilar de la economía local.
Con información de El Nacional
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