Con la activación de la Ley de Reciprocidad Económica, Brasil responde a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donal Trump, que afectan las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos.
Esta medida defensiva surge como reacción directa a los aranceles estadounidenses que gravan con un 10% todos los productos brasileños que ingresan al mercado norteamericano, con excepción del acero y el aluminio que enfrentan una tasa aún mayor del 25%.
Este instrumento jurídico otorga al gobierno brasileño herramientas para contrarrestar medidas comerciales unilaterales que perjudiquen la economía nacional.
El diseño de la ley prioriza “minimizar el impacto sobre la actividad económica y evitar cargas y costos administrativos desproporcionales”, buscando un equilibrio entre la protección de los intereses nacionales y el mantenimiento de la estabilidad económica.
Asimismo, el texto contempla la realización de “consultas diplomáticas con miras a mitigar o anular los efectos de las medidas y contramedidas”, dejando abierta la puerta al diálogo para resolver las tensiones comerciales entre ambas naciones.
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