El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió al Registro Oficial la ley antipillos para su aplicación inmediata. Esta ley establece el incremento paulatino del impuesto a la venta de vehículos usados en el país para combatir el lavado de activos. Sin embargo, la iniciativa fue denegada por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Esta decisión del Gobierno supone una nueva crisis entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Noboa firmó el decreto ejecutivo número 477, publicado en la página digital de la Presidencia, que dispone la entrada en vigencia la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través al Combate del Lavado de Activos, conocida como ley antipillos.
El texto señala que "en el país, el lavado de activos se desarrolla en varios ámbitos", entre los cuales se ha identificado esta problemática en "la compra-venta de vehículos, en las actividades económicas que genera el deporte o en el abuso y enriquecimiento ilícito de contrataciones estatales que facilitan el cobro a ciudadanos de multas de tránsito", por lo cual consideró necesario un marco jurídico para combatir estas actividades ilícitas.
En particular, establece el aumento del impuesto por concepto de venta de vehículos usados, del 1% actual hasta el 5%, de manera paulatina. A su vez, el Parlamento archivó dicho documento en el primer debate plenario, por 84 votos a favor de los 137 posibles.
"En un acto sin precedente en nuestra democracia, el presidente de la República ha promulgado, por decreto ley, el Proyecto Urgente en materia económica para la mejora recaudatoria, a través del combate al lavado de activos [o ley antipillos], el cual fue expresamente negado y archivado por el Pleno de la Asamblea Nacional, en estricto cumplimiento del artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador", informó en un comunicado oficial el Legislativo.
"Solicitamos enérgicamente al Registro Oficial que no publique esta ley, que afecta la economía de todos los ecuatorianos, y que respete las decisiones tomadas por el pleno de la Asamblea Nacional", agrega el comunicado.
El Legislativo señaló que, contrario a lo que promulga el Gobierno, el texto constitucional no exige que los proyectos económicos urgentes sean tramitados en dos debates antes de ser negados, sino que deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió con el tratamiento a esta iniciativa.
En tanto, la Asamblea Nacional señaló que la principal finalidad de este proyecto es establecer un impuesto a la venta de los vehículos, por lo cual fue negada, "para precautelar el bolsillo de las y los ecuatorianos".
A principios de diciembre, la presidenta del parlamento, Viviana Veloz, adelantó que, de ser publicado por el Gobierno dicho proyecto, se iniciarían los procesos correspondientes a nivel penal. Veloz llamó al Gobierno a respetar la independencia de poderes, ante la pretensión de instaurar la iniciativa.
"No vamos a permitir como Asamblea Nacional que se pretenda un atropello más a la Constitución", remarcó.
Con información de Sputnik.
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