Los abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) han alertado sobre las graves limitaciones impuestas por el Estado venezolano para la defensa legal de los presos políticos detenidos el 29 y 30 de julio en el contexto postelectoral.
Hasta la fecha, 6 de noviembre, los defensores del ODH-ULA no han podido representar a ninguna de las 38 personas detenidas, situación que es considerada ilegítima, dado que los acusados tienen derecho a contar con una defensa privada.
De acuerdo con los miembros de la organización, el impedimento se debe a una orden emitida por funcionarios del Ministerio Público en Caracas. Esta información fue proporcionada a los abogados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encuentran en el sector La Mata, donde los detenidos fueron recluidos inicialmente.
Este escenario no solo afecta al ODH-ULA, ya que hasta el momento, ninguna organización dedicada a la defensa de los derechos humanos ha podido intervenir en favor de los detenidos.
Se reporta que todos los presos políticos les han impuesto defensores públicos designados desde Caracas, lo que vulnera el artículo 49 de la Constitución Nacional, el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El ODH ULA también ha señalado que los defensores públicos asignados a estos casos han enfrentado importantes obstáculos. Según el Observatorio, estos defensores asistieron a las audiencias de presentación, realizadas de manera telemática desde el Comando de la GNB en La Mata, sin la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, objetar o solicitar nulidades. En este contexto, los defensores actuaron en calidad de observadores.
Adicionalmente, se ha informado que algunos defensores públicos han intentado acceder a información oficial sobre los casos en Caracas, pero no han recibido respuesta por fiscales o los jueces. Por tal motivo, el ODH ULA condena el hostigamiento y las restricciones impuestas al trabajo de los abogados y defensores de derechos humanos en el país, haciendo un llamado a las autoridades a respetar y garantizar el derecho a una defensa justa y efectiva para todos los ciudadanos.
Foto: VC
Por: Valeria Fernanda Castro. Periodista egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta. CNP: 26.049.
0 Comentarios