El Senado argentino infligió la madrugada de este viernes un par de derrotas al Gobierno de Javier Milei al aprobar el proyecto de ley de financiación de la educación universitaria y derogar el decreto sobre los servicios de inteligencia; todo ello en medio de las protestas de los docentes y personal del sector y bajo la amenaza de veto del presidente, Javier Milei.
Tras una sesión que se alargó unas cinco horas, la Cámara Alta aprobó con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención el proyecto de ley de financiamiento a las universidades, ratificando así la decisión que, en agosto pasado, había tomado la Cámara de Diputados.
Sin embargo, y como ya ocurrió con el proyecto de ley de reforma jubilatoria, podría ser vetada por el mandatario, como ya adelantó la semana pasada el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Guillermo Francos.
Francos alegó que será vetada toda ley que comprometa el objetivo del equilibrio fiscal, meta de Milei desde que asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023.
No obstante, el proyecto de ley aprobado aumenta los fondos destinados a las universidades nacionales, tanto para gastos de funcionamiento como para salarios de profesores y personal no docente, tomando en consideración el índice de inflación e impulsando un mecanismo para la recomposición de los sueldos.
Según cifras facilitadas por el Consejo Superior de la UBA, los salarios de los docentes universitarios han perdido, en promedio, entre un 35 y un 55 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos ocho meses.
Durante el debate, el senador de Unión por la Patria (peronismo) y exministro del Interior, Eduardo de Pedro, destacó que “el 80 por ciento de los docentes está bajo la línea de pobreza” y puso sobre la mesa que, frente a la inflación acumulada de 135 por ciento entre noviembre de 2023 y julio de 2024, “la recomposición salarial fue solo el 57 por ciento”.
Además el Senado rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó 100.000 millones de pesos (unos 66 millones de dólares) para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Es la primera vez que el Congreso desactiva una norma de este tipo, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.
Quienes se opusieron al incremento de las partidas destinadas al personal de inteligencia fueron las bancadas de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR), y los legisladores del PRO Guadalupe Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
La Casa Rosada cuestionó con dureza el sentido de la votación, al señalar que, “siguiendo la visión del presidente Javier Milei, se reformó el Sistema de Inteligencia con un perfil profesional, abocado en la protección del pueblo argentino de amenazas tanto internas como externas, saldando una de las grandes deudas de la democracia”.
Entretanto, con motivo de la sesión ordinaria del Senado que debatió varios asuntos y que, por eso, se extendió hasta altas horas de la madrugada del viernes, la convocatoria de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) movilizó hasta el Parlamento para reclamar los derechos de los profesores.
Los sindicatos ya advirtieron de que si hay veto presidencial habrá una nueva movilización como la que tuvo lugar el 23 de abril, cuando una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública reclamó contra los recortes presupuestarios llevados adelante por la Administración de Milei.
Con información de TeleSUR
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