La justicia del Perú inició el lunes el juicio por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular —la primera fuerza en el Congreso—, excandidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori. La Fiscalía ha pedido una condena a 30 años de cárcel.
Usando un chaleco antibalas, el fiscal José Domingo Pérez se presentó en una sala del Tercer Juzgado de Lima ante decenas de asistentes. En una audiencia de más de ocho horas, los jueces rechazaron cinco recursos de abogados de los acusados para que el juicio no empiece.
El proceso seguirá el martes con la intervención del fiscal, quien ha indicado que se enfrenta a los “mejores abogados” del país. En la sesión estaban los más de 40 acusados junto a sus defensas, incluida Keiko Fujimori, miembros de su partido, empresarios y su exesposo el estadounidense Mark Vito Villanella.
El fiscal Pérez acusó en 2021 a la líder política de los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia al captar dinero de empresas, entre ellas de la brasileña Odebrecht, para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, y ocultarlos con falsos registros de aportes en cócteles, rifas y otras actividades. Fujimori perdió en ambas campañas, además de otra en 2021.
La política de 49 años y madre de dos adolescentes ya estuvo dos veces presa entre 2018 y 2020 durante la investigación fiscal sumando 16 meses de cárcel preventiva, básicamente por riesgo de fuga. Fujimori vestía saco celeste claro, pantalones negros y entre sus manos llevaba una cartera negra.
Giuliana Loza, abogada de Fujimori y quien está acusada por la fiscalía al mismo tiempo, dijo a la televisora Latina que el juicio era “descomunal” tras destacar que el expediente tiene 400.000 folios y más de 2.000 testigos. La fiscalía también presentará 3.000 documentos de prueba, mientras que la defensa otros 2.000 documentos.
La Fiscalía considera que se lavaron unos 17,3 millones de dólares aproximadamente. Respecto de Odebrecht, alega que la trasnacional le dio 1,2 millones en 2011.
La trama es conocida como caso “Cócteles” que se usaron para ocultar grandes aportes en pequeños montos. Entre los acusados por la fiscalía se incluyen dos personas jurídicas, el partido Fuerza Popular y la inmobiliaria MVV Bienes Raíces, del exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanella, sindicado de cómplice en el caso. La Fiscalía solicita la disolución de la organización política y la empresa del excónyuge.
La audiencia empezó a las 9 hora local (1400GMT) y los jueces empezaron a verificar que los implicados tengan abogados defensores, que hayan sido notificados de las acusaciones y que conozcan cuáles son los hechos por los que serán juzgados.
Keiko Fujimori indicó a la jueza que su trabajo consistía en dirigir el partido Fuerza Popular y que ganaba 3.600 dólares mensuales. Su exmarido Mark Vito Villanella, respondió que ganaba la misma cantidad, y trabajaba como influencer de redes sociales. Ambos, divorciados desde 2022, no se dirigieron la palabra.
Villanella —de 48 años y quien en 2019 realizó una huelga de hambre frente a la cárcel donde Fujimori estaba presa solicitando la liberación “para su esposa linda”— llegó acompañado de su nueva pareja a quien abrazó y besó frente a las cámaras de la televisión antes de ingresar al tribunal.
Los especialistas estiman que la etapa de juicio puede demorar entre dos y seis años. De este modo, es posible que siga en 2026, para cuando están programadas las próximas elecciones presidenciales y en las cuales aún no se conoce si la política será nuevamente candidata.
En las afueras del tribunal tres decenas de seguidores de Fujimori clamaban por su inocencia, mientras que un grupo menos numeroso llevaba un cartel donde agradecían al fiscal por iniciar el juicio.
La víspera Keiko Fujimori insistió en que el origen de los fondos de sus campañas era legal en una entrevista televisiva. “Los fondos eran de personas y empresarios de prestigio, han demostrado que estos aportes provienen de fondos lícitos, legales”, dijo en la televisora local N.
Añadió que representantes de Odebrecht declararon que no tuvieron cercanía con ella. “Han negado que haya recibido los aportes”, adujo la excandidata aunque una anotación de Marcelo Odebrecht hallada por investigadores brasileños en su agenda electrónica, y revelada en 2017 por la publicación local IDL-Reporteros, dice: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (aumentar a Keiko a 500 y hacer visita).
El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial para los casos de Lava Jato, ha dicho que espera que este año se den cinco sentencias judiciales emblemáticas en los procesos que afrontan Keiko Fujimori, los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014) y otra sobre la investigación del metro de la capital.
Fuerza Popular es la primera minoría en el Congreso unicameral: tiene 22 parlamentarios de un total de 130 integrantes. El partido fue fundado por Keiko Fujimori con simpatizantes de su padre, que gobernó entre 1990 y 2000 y cumplió una condena desde 2007 por corrupción y por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. En diciembre, fue liberado por un indulto, pese a advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la entrevista, la líder política adujo que le gustaría que su padre se postule a la presidencia pese a sus 85 años y a una prohibición legal de candidatearse a condenados por delitos dolosos. El exmandatario, en una carta al diario local El Comercio, dijo el domingo: “reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”.
“Espero que se le respete su derecho a elegir y a ser elegido. Mi padre está lúcido, además tiene una gran experiencia, sí me gustaría, pero esa es una opinión personal, creo que él tendrá que tomar esa decisión y más adelante se harán los anuncios”, dijo Keiko Fujimori.
Con información de AP
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