La Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer), en alianza con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), publicaron el pasado mes de abril el informe “Mujeres rurales de Mérida: caracterización, necesidades y vulnerabilidades de esta población”.
Según la investigación, elaborada con encuestas realizadas a 53 mujeres en Mérida, en el aspecto económico se evidencia pobreza salarial en un 35 % de las encuestadas, quienes indicaron que su sueldo mensual es el mínimo establecido por el gobierno, de apenas 3,56 dólares a la tasa oficial del 30 de abril. Sin embargo, 62 % de las encuestadas respondió que sienten que tienen autonomía económica, al señalar que gozan de sus ingresos y no dependen de terceros para cubrir sus necesidades.
El informe detalla que en cuanto al acceso al trabajo 36 % de las mujeres rurales de Mérida se dedica a tareas del hogar 26 % trabaja en el sector público; 16 % indicó que no trabaja; 11 % indicó que trabaja de forma particular; 9 % trabaja en el sector privado y 2 % de las encuestadas no respondió la pregunta.
En relación con su salud sexual, 85 % de las encuestadas afirmó haber recibido información y conocer cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, 41 % indicó que no los usan, pese a que 62 % de estas mujeres manifestaron estar sexualmente activas.
Al ser consultadas si tenían conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual (ITS): 91 % contestó que sabe de qué se trata y 79 % aseguró que no ha padecido ninguna de ellas, mientras que 17 % dijo que sí ha tenido alguna ITS y 4 % no respondió a esta pregunta.
El informe de ULA Mujer señala que 90 % de las encuestadas contestó que saben qué es la violencia basada en género y 62 % afirmó conocer la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. «Sin embargo, al preguntar sobre qué tipo de violencias conocen, de las 25 formas de violencia estipuladas en la ley, solo identifican mayoritariamente la violencia psicológica, física y sexual, que representa solo el 12 % de las formas de violencia determinadas en la ley».
Poco más de la mitad (54 %) de las encuestadas aseguró conocer los lugares en sus comunidades donde se reciben denuncias en casos de violencia basada en género. Además, 50 % de ellas respondieron que se sentirían seguras de ir a denunciar alguna situación de violencia en los órganos receptores de denuncia, pero 37 % dijo que no se sentiría segura y 13 % no respondió a esta pregunta.
En temas de inclusión y participación de las féminas, 89 % negó formar parte de algún grupo que brinde apoyo a la mujer en los ámbitos económico, social u otros. Asimismo, 60 % indicó que en sus comunidades no existen programas para fomentar la participación de las mujeres en los procesos ciudadanos, pese a que 57 % de las encuestadas sí se sienten incluidas en la toma de decisiones dentro de los espacios comunitarios, laborales, académicos y personales donde se desenvuelven.
Con información de Tal Cual
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