La decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de levantar por seis meses algunas prohibiciones sobre la comercialización de petróleo, de gas y de algunos bonos de Pdvsa que se vendían en el mercado secundario, está condicionada a la evaluación que haga de los acuerdos a los que llegue el gobierno venezolano con la oposición.
Así lo expresó el economista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCAB, Ronald Balza, quien señaló que después de la reunión en Barbados, el mantenimiento de este tipo de acuerdos está relacionado con las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año.
“Se trata entonces de un levantamiento bajo observación cuyas consecuencias directas no podemos saber exactamente en qué dirección van a ir porque tampoco tenemos información de lo que ocurre en la economía nacional, ya que, por ejemplo, el presupuesto nacional se presentó el 13 de octubre, pero todavía no se ha hecho público”, manifestó.
El Banco Central de Venezuela (BCV) aún no publica la balanza de pagos que es la que muestra cómo está la entrada y salida de dólares de nuestro país en relación con el petróleo y el gas, es decir, “no se sabe exactamente en cuánto mejorarían los ingresos del gobierno por esa vía y tampoco sabríamos el destino que esos ingresos tendrían en el tiempo que pase”.
Lo que sí es notable, señaló el economista, es que en estos seis meses es posible que la presión sobre los precios del petróleo puede ser menor en el resto del mundo, si las transacciones que puedan hacerse desde Venezuela fuesen significativas en términos de volumen y si la manera como se ha usado el mercado negro hasta ahora haya sido realmente importante, eso puede favorecer a los países que van a estar en invierno en estos días.
“Es un levantamiento que por ser parcial y temporal no va a estimular inversiones en petróleo ni en gas porque están sometidas al riesgo de que el gobierno de Estados Unidos las suspenda de nuevo o no las renueve”, dijo.
Invertir a corto plazo
“Durante todo el tiempo de sanciones que hemos tenido desde 2017 hemos visto negocios que han surgido en este contexto de inversión a corto plazo, algunos relacionados con actividades comerciales y de servicios, para personas que tenían capacidad de compra, y además el nivel de inversión no es el mismo que había que tener para invertir en petróleo, en tener agua o electricidad, y al hacer este tipo de inversión que lleva mucho más tiempo, se podía correr el riesgo de ser expropiadas en cualquier momento”, explicó Balza.
Campo Dragón
Por otro lado, el economista indicó que “hay inversiones que se pudieron haber hecho en petróleo y gas que tienen que ver con aliados cuyos vínculos con el gobierno no conocemos porque no son públicos. Es el caso de lo que ocurre con el Campo Dragón en este momento, hay antecedentes importantes desde 2016, que fue la última vez que Pdvsa publicó sus informes anuales, los cuales hacen referencia a las negociaciones con Trinidad para adelantar esa explotación de gas; y posteriormente, en 2021, la Asamblea Nacional hizo una revisión de los acuerdos para establecerlos como ley que permitía una relación con Trinidad, y Trinidad por su parte, estaba hablando con Estados Unidos para suavizar las sanciones y poder participar en el negocio”.
Esto significa que las conversaciones continúan, aunque no se hagan públicas, “o sea que cuando vemos que algo ocurre, es posible que las conversaciones hayan llevado tiempo y que las inversiones están por hacerse, o se están haciendo” indicó.
El problema de no tener información pública “es no saber en qué dirección van las cosas, a quién van a favorecer, si vamos a tener mejor salud, mejores carreteras o más gasolina con la flexibilización de las sanciones”.
Sistema de información estadístico
Balza indicó que el gobierno ha dicho que tiene en este momento un sistema de información estadístico y geográfico que está desarrollando y que la presentación del presupuesto, que se hizo en octubre, forma parte de ese sistema, que ellos han estado llevando a cabo acciones concretas, y que están consultando a las comunidades.
Revisando dos leyes, la Ley Anticorrupción, que dice que “todos tenemos derecho a conocer el presupuesto para colaborar en la lucha anticorrupción”, y la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece la necesidad de disponer de información para poder hacer estudios y proyecciones. Es decir que ya sea un economista o un epidemiólogo, necesitan datos para ver patrones, y lo que se necesita para el sector salud, vale para cualquier sector.
“Si queremos tener inversión privada o de otros gobiernos en petróleo, gas, electricidad o cualquier otro programa de inversión, el inversionista necesita creer en el socio, es decir, que el que venga tiene que tener confianza en el gobierno, en que va a rendir cuentas, en que va a permitir la recuperación de la inversión y tener rentabilidad en su inversión, y para eso la información básica es esencial”, concluyó el economista.
Con información de El Universal
0 Comentarios