Este martes, la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su informe anual sobre la situación de la corrupción en el mundo. En América Latina, los peores puntuados fueron Venezuela, Haití y Nicaragua, mientras que Uruguay está entre los mejores de la selección. La corrupción es un problema galopante en la vida de los latinoamericanos, que ven cómo sus condiciones de vida empeoran por este problema institucional.
Se necesita actuar urgentemente. Este fue el mensaje de la organización Transparencia Internacional en su informe anual sobre la situación de la corrupción en el mundo publicado este martes.
"El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022 muestra que la mayoría de los países están fallando en el objetivo de acabar con la corrupción", apunta el documento del organismo.
En una escala del 0 al 100 -siendo 0 muy corrupto y 100 sin ápice de corrupción-, Transparencia Internacional califica a los países según los niveles de conductas fraudulentas de su clase política y las estructuras de poder.
Y, actualmente, la lucha contra la corrupción es insuficiente. La prueba de este "intento fallido" de acabar con la corrupción en todo el mundo es que desde hace más de una década el cómputo global respecto a este mal sigue siendo el mismo: 43 sobre 100.
Los motivos son varios, desde la inseguridad y el avance de los conflictos hasta la debilidad de las instituciones públicas. Y es que, según apunta la misma TI, "la corrupción socava la capacidad de los gobiernos para proteger a la población y erosiona la confianza pública".
En un sistema mundial altamente complejo y globalizado, incluso países con puntuaciones muy altas en el ranking del IPC -como Dinamarca o Francia- han colaborado a que estos esquemas de corrupción persistan a través de su relación con estos estados y de recibir su "dinero sucio", algo que permite que los altos cargos corruptos mantengan su estatus y poder.
Hay varios ejemplos de este fenómeno, Dinamarca -la primera de la lista con 90 puntos- ha vendido armas a Arabia Saudita -con 51 puntos-, a pesar de que se han probado entramados de corrupción y violación de DD. HH. en el país árabe. En 2018, dejó de vendérselas debido al asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi y a su participación en la guerra de Yemen.
Y este caso no el único. En 2007, el entonces presidente de Francia -con 72 puntos en el IPC-, Nicolas Sarkozy, fue acusado por financiar la campaña de Muamar el Gadafi, difunto dictador de Libia -con solo 17 puntos en el listado-. Paralelamente, en 2011 decidió armar a los rebeldes del otro bando del conflicto libio. Actos que contribuyeron a la desestabilización política del país.
Si nos movemos al ámbito regional, los casos más llamativos son los de Estados Unidos -que suma una puntación de 69- con sus vecinos del sur. En Colombia -que tiene 39 puntos-, unos documentos desclasificados demostraron que el Gobierno de EE. UU. tenía indicios de los asesinatos aleatorios -o falsos positivos- por parte del Ejército colombiano y, aún así, continuó estrechando lazos y mandando dinero al Gobierno por dos décadas.
El paradigma de América Latina
El continente americano coincide con la puntuación del mundo por cuarto año consecutivo, con 43 sobre 100 puntos en el IPC. La región menos favorecida es América Latina, de donde salen las peores puntuaciones.
Entre los más preocupantes destacan Nicaragua -19 puntos-, Haití -17 puntos- y Venezuela -14 puntos-. Según este informe, en estos países es muy difícil trazar una línea y diferenciar las organizaciones criminales del mismo Estado.
En el caso de Venezuela, con el peor rendimiento de la región, el IPC apunta que el 21% de las actividades que contribuyen a su PIB (Producto Interior Bruto) son ilegales, llevadas a cabo con violaciones de derechos humanos.
En Haití, el Estado no tiene la capacidad para hacer frente a las pandillas, que tienen el control del país más pobre de la región. La consecuencia de esta debilidad institucional y corrupción es un aumento constante de la inseguridad, hasta tal punto que grupos ilegales fueron capaces de asesinar al presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Si nos adentramos en Nicaragua, la falta de transparencia y los crímenes contra disidentes por parte del gobierno de Daniel Ortega -que ya lleva 30 años en el poder- dejan al país muy mal parado.
En otras naciones que les siguen con altos índices de corrupción se han demostrado los nexos entre crimen y Gobierno. Uno de los ejemplos más recientes es el de Honduras, cuyo expresidente Juan Orlando Hernández fue procesado en Estados Unidos por crímenes de narcotráfico.
Otro caso es el de El Salvador, con miles de detenciones injustificadas en una supuesta "guerra" contra las pandillas, después de que medios nacionales como 'El Faro' demostraran que el presidente Nayib Bukele había pactado con ellas antes de intentar exterminarlas.
Esto hace que, junto con la economía, la corrupción sea una de las principales preocupaciones entre los latinoamericanos. Y es que son muchas las asociaciones criminales que han financiado campañas políticas para, más tarde, poder sacar rédito de su contribución.
Esta connivencia entre Estado y grupos ilegales se traduce en un empeoramiento en las condiciones de vida de los ciudadanos, con más pobreza e inseguridad.
Las redes de corrupción alimentan el tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, la extracción ilícita de oro y la deforestación. De hecho, son una de las principales casusas del desmantelamiento de la Amazonía, el mayor bosque húmedo del mundo.
Un país estrechamente relacionado con este problema es Brasil. A pesar de la bonanza que atravesó en la década de los 2000 con los gobiernos de Luiz Inácio 'Lula' da Silva, la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro en 2018 lo hundió en materia de corrupción.
Transparencia Internacional indica que el expresidente Bolsonaro recurrió a “maniobras corruptas” para beneficiar a aliados políticos y desmanteló estructuras de lucha contra la corrupción. El resultado de estas prácticas, además del debilitamiento de las instituciones públicas y el retroceso en derechos, se tradujo en el asalto de ultraderechistas al Planalto y los otros dos poderes -legislativo y judicial- en Brasilia tras la posesión de Lula da Silva.
Otro país en la mira es Colombia -con 39 puntos-, que no está registrando la mejoría esperada con la elección del presidente de izquierdas Gustavo Petro. Además de no haber solucionado todos los frentes abiertos del conflicto interno, en 2021 también registró una oleada de asesinatos a manifestantes y tiene un gran problema con los grupos ilegales y la deforestación. En 2021, al menos 138 defensores de DD. HH. fueron asesinados en el país.
Pero no todo son malas noticias para la región, Uruguay ostenta el segundo puesto de país más "limpio" de las Américas con 74 puntos. Todo esto al considerar que tiene instituciones fuertes y una democracia en buen funcionamiento.
Tras el balance, Transparencia Internacional recomienda a los países con peores puntuaciones de América reforzar sus instituciones públicas y la cooperación entre ellos para poder acabar con el problema de la corrupción. Todo para llegar a una verdadera independencia entre poderes y conseguir mejores condiciones de vida para sus ciudadanos.
No obstante, también cabe resaltar que, a pesar de ser una organización no gubernamental, casi un 60% de la financiación de Transparencia Internacional proviene de gobiernos. Entre los principales contribuidores figuran el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Europea.
Con información de France 24
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