Un tribunal de apelaciones revocó la orden de un juez federal de Florida que incautó la fortuna estadounidense de un multimillonario venezolano sancionado con presuntos vínculos con un cártel para satisfacer una sentencia de 318 millones de dólares para las víctimas estadounidenses de un secuestro terrorista en Colombia.
Samark López es uno de los empresarios más poderosos de Venezuela y ha sido acusado en Nueva York por presuntamente violar las sanciones que congelaron su considerable riqueza en los EEUU, incluidos yates, aviones, bienes raíces de lujo en Miami y una cuenta de Citibank de $269 millones.
El fallo del martes de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EEUU rechazó una orden de 2020 del juez Robert Scola de Miami que otorgaba esos activos bloqueados a tres excontratistas de defensa estadounidenses retenidos durante años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para satisfacer un juicio anterior contra sus excaptores, un grupo terrorista designado por Estados Unidos.
López ha negado durante mucho tiempo cualquier vínculo con las FARC. Con el testimonio de Dick Gregorie, un exfiscal que ha puesto tras las rejas a cientos de narcos, incluido el general Manuel Noriega de Panamá, sus abogados argumentaron que el gobierno de Estados Unidos y los demandantes no habían presentado ninguna prueba que vinculara a López ni siquiera indirectamente con los rebeldes.
El argumento convenció al panel de apelaciones, que devolvió el caso a la corte inferior y ordenó que los bienes congelados de López solo puedan ser desembolsados a las víctimas de las FARC si un jurado concluye que existe una relación.
En una opinión unánime, el juez de apelación Adalberto Jordan comparó las acusaciones contra López con un popular juego de salón, Six Degrees of Kevin Bacon, que implica vincular a la estrella de Hollywood con otros actores a través de sus papeles en seis películas o menos.
"Sin embargo, el sentido común indica que cuanto más atenuado sea el vínculo, más difícil será probarlo", dice el fallo del panel de tres jueces, que no ha sido informado previamente. "Esta evidencia, vista colectivamente y tomada a la luz más favorable para los apelantes de López, creó cuestiones materiales de hecho sobre si el Sr. López y sus empresas eran agencias o instrumentos de las FARC".
En una audiencia en febrero en Miami, el abogado de López, Adam Fels, argumentó que gran parte de la evidencia contra su cliente eran rumores y que, como mínimo, merecía un juicio antes de que sus bienes fueran repartidos entre las víctimas de un crimen que ni siquiera tomó lugar en Venezuela.
En 2012, un juez federal de Florida otorgó a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes 318 millones de dólares a pagar de cuentas bancarias y bienes incautados a personas vinculadas a las FARC.
Pero la mayoría de los hombres no habían podido cobrar hasta que el presidente Donald Trump promulgó en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permitía a las víctimas de estos grupos embargar activos ya bloqueados por el gobierno de EEUU bajo la ley del narcotraficante.
Los tres ex empleados de Northrop Grumman fueron capturados por la guerrilla cuando su avión se estrelló debido a problemas en el motor durante un vuelo de control de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes.
Con información de El Universal
Samark López es uno de los empresarios más poderosos de Venezuela y ha sido acusado en Nueva York por presuntamente violar las sanciones que congelaron su considerable riqueza en los EEUU, incluidos yates, aviones, bienes raíces de lujo en Miami y una cuenta de Citibank de $269 millones.
El fallo del martes de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EEUU rechazó una orden de 2020 del juez Robert Scola de Miami que otorgaba esos activos bloqueados a tres excontratistas de defensa estadounidenses retenidos durante años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para satisfacer un juicio anterior contra sus excaptores, un grupo terrorista designado por Estados Unidos.
López ha negado durante mucho tiempo cualquier vínculo con las FARC. Con el testimonio de Dick Gregorie, un exfiscal que ha puesto tras las rejas a cientos de narcos, incluido el general Manuel Noriega de Panamá, sus abogados argumentaron que el gobierno de Estados Unidos y los demandantes no habían presentado ninguna prueba que vinculara a López ni siquiera indirectamente con los rebeldes.
El argumento convenció al panel de apelaciones, que devolvió el caso a la corte inferior y ordenó que los bienes congelados de López solo puedan ser desembolsados a las víctimas de las FARC si un jurado concluye que existe una relación.
En una opinión unánime, el juez de apelación Adalberto Jordan comparó las acusaciones contra López con un popular juego de salón, Six Degrees of Kevin Bacon, que implica vincular a la estrella de Hollywood con otros actores a través de sus papeles en seis películas o menos.
"Sin embargo, el sentido común indica que cuanto más atenuado sea el vínculo, más difícil será probarlo", dice el fallo del panel de tres jueces, que no ha sido informado previamente. "Esta evidencia, vista colectivamente y tomada a la luz más favorable para los apelantes de López, creó cuestiones materiales de hecho sobre si el Sr. López y sus empresas eran agencias o instrumentos de las FARC".
En una audiencia en febrero en Miami, el abogado de López, Adam Fels, argumentó que gran parte de la evidencia contra su cliente eran rumores y que, como mínimo, merecía un juicio antes de que sus bienes fueran repartidos entre las víctimas de un crimen que ni siquiera tomó lugar en Venezuela.
En 2012, un juez federal de Florida otorgó a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes 318 millones de dólares a pagar de cuentas bancarias y bienes incautados a personas vinculadas a las FARC.
Pero la mayoría de los hombres no habían podido cobrar hasta que el presidente Donald Trump promulgó en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permitía a las víctimas de estos grupos embargar activos ya bloqueados por el gobierno de EEUU bajo la ley del narcotraficante.
Los tres ex empleados de Northrop Grumman fueron capturados por la guerrilla cuando su avión se estrelló debido a problemas en el motor durante un vuelo de control de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes.
Con información de El Universal
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