De acuerdo con un borrador de nuevas regulaciones, las compañías deberán ser autosuficientes en materia energética en las zonas de producción, e incluso desconectarse de la red eléctrica pública para evitar sobrecargar un sistema que ya presenta serias limitaciones, según el documento citado por fuentes del sector.
El esquema también abriría la posibilidad de que empresas privadas suministren electricidad a los desarrollos petroleros, en un intento por garantizar la continuidad operativa en medio de un sistema eléctrico considerado frágil.
La medida se enmarca en los esfuerzos del país por reimpulsar su industria petrolera en un contexto de apagones recurrentes, que afectan tanto a los hogares como a la actividad productiva. La extracción de crudo depende en gran medida de equipos eléctricos sensibles a las variaciones de la red, lo que provoca interrupciones frecuentes en la producción.
Según reportes del sector, incluso operaciones de grandes empresas habrían sufrido impactos por fallas eléctricas recientes, obligando a detener temporalmente la actividad en numerosos pozos.
Especialistas señalan que la infraestructura eléctrica venezolana enfrenta un deterioro prolongado, con plantas hidroeléctricas operando por debajo de su capacidad y centrales termoeléctricas con bajo rendimiento, lo que genera un déficit importante de generación.
En este contexto, el nuevo marco regulatorio buscaría trasladar parte de la carga energética a las propias compañías petroleras, como condición para mantener o expandir sus operaciones en el país.
Situación energética en Venezuela
La medida se enmarca en un contexto de crisis energética prolongada. En meses recientes, las autoridades han reconocido dificultades para cubrir la demanda eléctrica del país y han impulsado llamados al ahorro energético, especialmente durante periodos de alta temperatura.
En ese sentido, el Ejecutivo ha planteado incluso el uso de drones térmicos para identificar zonas de mayor consumo y calor, como parte de estrategias de gestión del sistema.
Distintos sectores económicos han advertido sobre el impacto del deterioro del servicio eléctrico en la producción nacional.
Representantes del comercio han propuesto reformas legales para permitir una mayor participación del sector privado en la generación y comercialización de electricidad, con el fin de aliviar la presión sobre la red estatal.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que trabaja en un proceso de recuperación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional, en paralelo a planes de inversión y eventuales acuerdos internacionales orientados a fortalecer la infraestructura energética del país.
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