La empresa estatal de hidrocarburos de Trinidad y Tobago, Heritage Petroleum, informó que no se han hallado pruebas que confirmen la presencia de residuos petroleros en sus aguas territoriales. El pronunciamiento se emitió luego de las labores de verificación activadas a raíz de las denuncias presentadas por el Gobierno de Venezuela sobre un presunto desplazamiento de crudo en la zona fronteriza marítima.
La corporación trinitense explicó que, tras recibir las alertas, implementó un protocolo de supervisión que incluyó evaluaciones de campo, patrullajes de embarcaciones y consultas técnicas con operadores locales y la Guardia Costera. Según el reporte oficial de la compañía, las inspecciones aéreas y marítimas no mostraron trazas de contaminantes a gran escala en la superficie marina.
Activación de protocolos de investigación
El despliegue operativo fue confirmado previamente por las autoridades energéticas de la isla. El ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, detalló que se articuló un comité de contingencia integrado por técnicos de su despacho, personal de Heritage Petroleum y miembros de la Guardia Aérea para evaluar con urgencia los reportes técnicos suministrados por las contrapartes venezolanas.
Para las labores de reconocimiento y monitoreo geográfico, las autoridades del país caribeño emplearon una flota de embarcaciones y vehículos aéreos no tripulados (drones), manteniendo comunicación directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Asuntos de la Caricom para el manejo bilateral de la situación.
Reclamación y advertencias de Caracas
Por su parte, el Gobierno de Venezuela, a través de un documento oficial difundido por el canciller Yván Gil, argumentó que análisis basados en imágenes satelitales demostraron el movimiento de fluidos contaminantes procedentes de la jurisdicción trinitense hacia las costas nacionales. De acuerdo con el Ejecutivo venezolano, el volumen del incidente superaría al registrado el mes anterior, comprometiendo la dinámica pesquera y el equilibrio ecológico de las comunidades ribereñas.
Ante este escenario, la administración venezolana solicitó formalmente a Trinidad y Tobago la adopción de correctivos inmediatos para evitar eventos similares y demandó acceso transparente a los datos sobre las causas del suceso. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano manifestó que el Estado se reserva la facultad de recurrir a tribunales e instancias internacionales para solicitar las compensaciones económicas correspondientes por los perjuicios ambientales.
Antecedentes en la zona fronteriza
Este diferendo técnico representa el segundo reclamo por contaminación que Caracas atribuye a la infraestructura de la isla vecina en un lapso breve. El pasado 9 de mayo, las autoridades venezolanas reportaron un evento que afectó el Golfo de Paria y los litorales de los estados Sucre y Delta Amacuro.
En esa ocasión, las evaluaciones de los organismos ambientales venezolanos determinaron impactos perjudiciales en ecosistemas de manglares, áreas protegidas y fauna marina, lo que motivó una solicitud formal de indemnización por daños y perjuicios a la biodiversidad y a los recursos estratégicos de la región.
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