El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó un acceso público y transparente a los términos institucionales y jurídicos que dieron origen al reciente despliegue militar y policial coordinado entre instancias de Washington y Caracas en el estado Bolívar. El operativo concluyó con el fallecimiento de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, señalado por las autoridades como el cabecilla de la organización delictiva Tren de Aragua.
A través de un comunicado oficial publicado en su portal web, la organización defensora de derechos humanos argumentó que la ciudadanía tiene el derecho de conocer el alcance legal, los convenios específicos y las cadenas de mando responsables de ejecutar dicha acción conjunta en la región sur del territorio nacional.
Cuestionamientos al marco legal y exigencia de datos oficiales
La ONG advirtió que, conforme a los datos preliminares divulgados, el procedimiento bajo el cual se llevó a cabo el operativo podría constituir una vulneración a la soberanía territorial, además de configurar una presunta ejecución extrajudicial. Ante este escenario, Provea instó a las instituciones del Estado a consignar un balance verificado e identificable que detalle la cantidad precisa de personas fallecidas, heridas y aprehendidas durante el despliegue.
La institución recordó que desde el inicio de las movilizaciones de las fuerzas de seguridad en la entidad, se requirieron aclaraciones oficiales sobre la situación legal de los detenidos y el estado de la población civil residente en las zonas adyacentes al conflicto, sin que se hayan obtenido respuestas concluyentes hasta el momento.
Rol institucional y contexto en la región sur
En su pronunciamiento técnico, Provea enfatizó que las políticas de seguridad ciudadana frente a organizaciones criminales deben enmarcarse estrictamente en el respeto a las garantías fundamentales, evitando el uso de detenciones arbitrarias o tratos crueles. De igual forma, la organización atribuyó la proliferación de grupos armados en la zona minera a la ausencia prolongada de una institucionalidad civil y a la gestión opaca en la explotación de los recursos naturales de la región.
Finalmente, la organización civil exhortó de manera directa al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, para que inicien las averiguaciones pertinentes y ofrezcan explicaciones detalladas a la nación sobre el contexto, los acuerdos internacionales y los mecanismos de actuación empleados en este suceso.
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