El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este domingo la «falta de información oficial» sobre el destino de personas detenidas que habrían sido trasladadas desde el Helicoide a otras cárceles del país.
En un comunicado, la organización advirtió que estos movimientos «no representan un cierre real de espacios de detención señalados como centros de violaciones de derechos humanos».
Asimismo, afirmó que no existe información pública sobre la identidad de los detenidos ni sobre los lugares a los que fueron reubicados, lo que mantiene a familiares y defensores de derechos humanos en «incertidumbre».
El comité sostuvo que el traslado de presos políticos sin notificación oficial no implica el desmantelamiento de lo que califica como “centros de tortura”, y aseguró que el caso del complejo penitenciario El Helicoide sigue siendo un símbolo de prácticas de represión estatal.
“El escándalo no es denunciar El Helicoide. El escándalo es intentar normalizarlo”, expresó la organización, que además insistió en que estos espacios deben dejar de ser “símbolo vivo de tortura” para convertirse en lugares de memoria, verdad y justicia.
En el pronunciamiento, Clippve advirtió que no puede hablarse de convivencia democrática mientras persista «una narrativa que busca normalizar la represión y ocultar presuntos crímenes de Estado».
Las denuncias de Clippve se producen después de que Foro Penal confirmara el traslado de al menos 90 presos políticos desde El Helicoide hacia diferentes centros penitenciarios del país entre el 3 y 4 de mayo.
De acuerdo con Foro Penal, los detenidos fueron distribuidos en cárceles como La Planta, Yare, El Rodeo y Tocuyito, mientras que las mujeres fueron reubicadas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y Las Crisálidas. Entre los casos mencionados figura el dirigente político Jackson Vera, trasladado a La Planta.
La ONG también señaló que el operativo se hizzo en medio de un fuerte despliegue de seguridad, suspensión de visitas y falta de información oficial, lo que generó preocupación entre familiares y defensores de derechos humanos.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha advertido que la falta de notificación clara sobre el paradero de los detenidos puede constituir una violación al debido proceso, mientras que su director, Alfredo Romero, confirmó la distribución de los reclusos en distintos centros del país.
Con información de EC
0 Comentarios