La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) emitió un pronunciamiento sobre el proceso de reconfiguración de la deuda pública externa venezolana, en el cual calificó como un requisito indispensable la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con la institución, el aval de este organismo multilateral es fundamental para otorgar viabilidad y certidumbre a las negociaciones con los acreedores internacionales.
A través de un comunicado, la ANCE explicó que el soporte del FMI permitiría el acceso a programas de financiamiento, asistencia técnica y mecanismos de estabilización. Esto responde a la inclusión del país en las categorías de fragilidad social e institucional por parte de los organismos financieros globales desde hace varios años.
La Academia recordó que la República, junto a entidades estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y Sidetur, se mantiene en situación de impago de sus compromisos financieros externos desde noviembre de 2017. Esta paralización afecta no solo a los tenedores de bonos, sino también a líneas bilaterales, proveedores, contratistas y obligaciones derivadas de laudos arbitrales.
El informe técnico destaca que, ante la ausencia de datos estadísticos oficiales precisos, las proyecciones de consultoras independientes ubican el volumen de la deuda en niveles que superan la capacidad de pago actual y futura de la nación. Por tal motivo, la ANCE prevé que la estrategia de negociación deberá contemplar una reducción significativa del saldo adeudado para no comprometer los recursos destinados a la asistencia social y la reconstrucción económica.
Transparencia, legalidad y reformas de fondo
Para la ANCE, la reestructuración no debe limitarse a un acuerdo financiero aislado, sino integrarse en un plan integral de reformas institucionales, crecimiento y estabilización económica. En este sentido, la institución fijó tres condiciones metodológicas para el proceso:
Validación de cuentas nacionales: Se urgió a las autoridades a publicar y actualizar las estadísticas macroeconómicas y fiscales, un paso previo requerido para analizar la sostenibilidad de la deuda y normalizar las relaciones con el FMI, interrumpidas desde 2004.
Auditoría independiente: Se propuso la designación transparente de un agente especializado ajeno a las partes para conciliar los montos exactos de capital e intereses, determinando la legitimidad de cada obligación.
Tratamiento equitativo: El proceso debe abarcar la totalidad de la deuda pública externa elegible para asegurar un trato paritario entre los distintos tipos de acreedores.
Mitigación de riesgos legales y consensos
Finalmente, el cuerpo académico enfatizó la necesidad de blindar jurídicamente los nuevos contratos financieros. El diseño de los acuerdos debe incluir cláusulas que limiten el impacto de litigios por parte de acreedores disidentes (holdouts) y que vinculen los pagos a la capacidad real de desempeño de la economía local.
La ANCE concluyó que el éxito de esta medida dependerá de una coordinación técnica y administrativa rigurosa entre las distintas instituciones del Estado, además de la construcción de consensos políticos que otorguen estabilidad a largo plazo a los compromisos asumidos.
Con información de X
0 Comentarios