La directriz fue emitida por el asesor jurídico principal del DHS, James Percival, mediante un memorando fechado el 26 de mayo. El documento ordena a los abogados de ICE desarrollar políticas antifraude orientadas a fortalecer la aplicación de las leyes federales vigentes en materia migratoria.
Según el memorando citado por CBS, la estrategia deberá contemplar medidas contra profesionales del derecho que presuntamente presenten solicitudes de asilo con información falsa ante los tribunales de inmigración. Aunque la disposición no crea nuevas sanciones, sí busca que las autoridades utilicen con mayor frecuencia las herramientas administrativas ya existentes para investigar tanto a migrantes como a sus representantes legales.
Percival sostuvo que el sistema migratorio estadounidense ha sido objeto de abusos durante años y afirmó que los tribunales de inmigración son uno de los espacios donde, a juicio del Gobierno, estas prácticas ocurren con mayor frecuencia. Asimismo, señaló que el asilo está previsto para circunstancias específicas y limitadas, pero argumentó que algunos abogados han convertido este recurso en una vía habitual para defender a personas en situación migratoria irregular.
La legislación estadounidense permite que cualquier extranjero presente una solicitud de asilo al encontrarse en territorio estadounidense. Sin embargo, para obtener la protección debe demostrar un temor fundado de persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.
El memorando recuerda que la normativa federal contempla sanciones civiles para quienes preparen, presenten o colaboren en la elaboración de documentos migratorios fraudulentos. En estos casos, las autoridades pueden emitir avisos de intención de multa y abrir procedimientos administrativos.
Las sanciones económicas pueden alcanzar 4.730 dólares por cada infracción en una primera falta y superar los 11.800 dólares en casos reincidentes, además de otras medidas disciplinarias. Para los abogados, una determinación de fraude podría derivar en investigaciones por parte de organismos profesionales e incluso en la suspensión o expulsión de su práctica ante tribunales migratorios. En los casos más graves, las autoridades podrían considerar cargos penales.
La administración del presidente Donald Trump ha incrementado en los últimos meses su presión sobre organizaciones, abogados y bufetes que litigan asuntos migratorios. En marzo, Trump firmó una directriz que instruía al Departamento de Justicia a buscar sanciones contra abogados y firmas legales que presentaran demandas consideradas frívolas o abusivas contra el Gobierno federal.
Desde el sector migratorio, diversas organizaciones han manifestado preocupación por estas medidas. La American Immigration Lawyers Association y grupos defensores de inmigrantes han advertido que las nuevas políticas podrían desalentar la representación legal de solicitantes de asilo y limitar el acceso a recursos judiciales para los migrantes.
La nueva orden forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para acelerar deportaciones, ampliar los mecanismos de control migratorio y reforzar la vigilancia sobre posibles irregularidades dentro del sistema de asilo estadounidense.
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