La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que 8.740 personas han obtenido libertad plena desde febrero, tras la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía.
Durante una transmisión difundida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez ofreció un balance sobre la aplicación de la normativa a tres meses de su aprobación.
En la actividad estuvieron presentes el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; y el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía.
La mandataria encargada detalló que, del total de beneficiados, 314 personas se encontraban privadas de libertad en centros de reclusión, mientras que las otras 8.426 permanecían bajo medidas cautelares.
“Así que 8.740 es el balance de estos 63 días efectivos de vigencia de la ley de amnistía”, expresó durante su intervención.
La mandataria encargada también afirmó que en las “próximas horas” el número de excarcelaciones superará las 500. Explicó que, además de los casos contemplados directamente en la Ley de Amnistía, desde enero se inició un proceso de revisión judicial para personas que no podían acogerse a ese instrumento legal.
Según indicó, en ese procedimiento han participado la Comisión de Revolución Judicial, el Programa de Convivencia, universidades y organizaciones no gubernamentales, lo que ha derivado hasta ahora en 395 liberaciones. Asimismo, señaló que previamente a la aprobación de la amnistía ya se habían concretado 885 excarcelaciones.
“Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas”, dijo.
Rodríguez pidió además al Programa para la Paz y Convivencia Democrática concentrar esfuerzos en la revisión del sistema de justicia penal venezolano.
Por su parte, Cabello informó que este año han sido otorgadas 3.630 liberaciones dentro de la justicia ordinaria por cumplimiento de pena, redenciones, retardo procesal y medidas cautelares que permiten a los acusados continuar sus juicios en libertad.
El ministro comparó esa cifra con las 2.244 liberaciones registradas durante todo 2025 bajo procedimientos similares y sostuvo que el sistema judicial ha avanzado en la reducción de algunas causas vinculadas al retraso procesal.
Cabello indicó además que, junto al TSJ, se ha ampliado la realización de audiencias telemáticas para casos en los que los detenidos no puedan ser trasladados físicamente a tribunales.
Durante la actividad, Rodríguez anunció que el próximo 1 de junio comenzará una consulta nacional orientada a reformar el sistema de justicia penal venezolano.
“Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos”, indicó.
La funcionaria señaló que en un primer diagnóstico identificaron tres problemas principales: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.
En ese sentido, afirmó que el 68 % de las personas privadas de libertad en el país pertenecen a sectores económicos y sociales “menos favorecidos”. También denunció la existencia de jueces que presuntamente solicitan “comisiones” o incurren en prácticas de extorsión para otorgar medidas de libertad.
Sobre el retardo procesal, anunció que fue firmada la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, que elevó el número de magistrados de 20 a 32, medida que —según dijo— debería contribuir a incrementar la actividad judicial.
Finalmente, hizo un llamado a evitar el uso político o partidista de la consulta nacional sobre la reforma judicial.
“Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país”, concluyó.
Con información de EC
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