La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado tener información sobre jueces que han cobrado en el proceso de amnistía que comenzó el pasado febrero.
"Las desviaciones del sistema de justicia penal han existido y existen. Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar", dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Familiares de presos políticos habían denunciado el pasado marzo cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la Ley de Amnistía. Cabe destacar que esta ley quedó aprobada en febrero.
La normativa contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-. Sin embargo, señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos. Esto excluye el resto del tiempo establecido. También excluye casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Delcy Rodríguez aseguró que más de nueve mil personas se han beneficiado de la amnistía
Según Rodríguez, más de 9.000 personas se han beneficiado, cuando el pasado 22 de abril eran 8.616. De ellas, la gran mayoría tenía medidas cautelares que restringían su libertad.
La mandataria afirmó que hoy tiene una "visión distinta" de Venezuela y que conoce "más a profundidad los problemas" del país gracias al trabajo del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, creado el pasado enero. Este programa quedó implementado pocas semanas después de asumir como presidenta encargada. Esto ocurrió tras la captura en enero pasado de Nicolás Maduro, en Caracas, por parte de Estados Unidos.
En ese sentido, la líder chavista pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "doctrina sobre la diversidad" sexual "como un derecho humano fundamental". Además, afirmó que esto lo ha "entendido con mayor amplitud" gracias al programa.
En Venezuela, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa. Además, parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de la comunidad LGTBI.
Fuente: El Nacional
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