La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los ciudadanos venezolanos Carmelo De Grazia, Daniel De Grazia y Levin De Grazia, al considerar que enfrentan una situación de “gravedad y urgencia” que compromete sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 35/2026, emitida el 5 de mayo de 2026, luego de que el organismo analizara una solicitud que advertía sobre presuntas condiciones de detención, «falta de atención médica y hostigamiento» en el contexto venezolano.
En el caso de Levin De Grazia, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, denunciaron habría sido objeto de presuntos actos de «persecución» por funcionarios estatales.
Comisión indicó además que el Estado venezolano no aportó información durante el proceso de evaluación, lo que impidió conocer medidas oficiales para atender o mitigar la situación de riesgo.
En su análisis, la CIDH concluyó que existe un riesgo inminente de «agravamiento» de los derechos de los beneficiarios, especialmente por la falta de atención médica, restricciones de comunicación y condiciones de detención.
El organismo también destacó que, en el caso de los dos hermanos privados de libertad, existían boletas de excarcelación emitidas en marzo de 2026 que ordenaban su traslado a arresto domiciliario, sin que dicha medida haya sido ejecutada.
En ese sentido, la CIDH solicitó al Estado venezolano adoptar «medidas urgentes» para garantizar la vida, integridad y salud de los tres beneficiarios, asegurar condiciones de detención acordes a estándares internacionales, facilitar el acceso a defensa y familiares, y realizar evaluaciones médicas inmediatas con tratamiento adecuado.
Asimismo, pidió «garantizar que no sean objeto de amenazas o actos de hostigamiento, coordinar las medidas con sus representantes e informar sobre las acciones de investigación relacionadas con los hechos denunciados».
Contexto del caso
Los hermanos De Grazia están vinculados al caso conocido como Pdvsa-Cripto, una investigación por presunta «corrupción» en operaciones con divisas y activos petroleros en Venezuela.
En 2024, tras las indagaciones sobre esta trama, fueron detenidos tres de los principales accionistas de la entidad financiera Bancamiga —Carmelo De Grazia Suárez, Daniel José y Levin Salvatore De Grazia— junto a otros funcionarios vinculados a la investigación
Las autoridades venezolanas los imputaron por delitos como «traición a la patria, legitimación de capitales, asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el manejo de fondos públicos y operaciones financieras».
El caso también ha estado rodeado de señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores del sector financiero y operaciones en divisas dentro del sistema bancario venezolano, en medio de una investigación más amplia sobre irregularidades en empresas estatales como Pdvsa.
0 Comentarios