Según datos recopilados por Bloomberg, la reacción del mercado fue inmediata, con alzas generalizadas en distintos instrumentos de deuda venezolana. El bono soberano 2024 subió más de 2,09 %, mientras que los títulos de 2025 registraron un incremento cercano al 2,57 %. Por su parte, el bono 2038 mostró una ganancia aproximada del 3,09 %.
Los papeles de la estatal petrolera lideraron las ganancias: el bono Pdvsa 2024 subió un 4,10 %, mientras que el de 2037 avanzó cerca de un 3,62 %.
El alza se registró luego de que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela y de Pdvsa, con el objetivo de «poner la economía al servicio del pueblo y liberar al país de la carga de la deuda acumulada», señala el comunicado.
Según la agencia, el mercado percibe este movimiento como el intento de Caracas por inaugurar una fase de apertura financiera tras casi una década de aislamiento. Cabe recordar que la deuda nacional entró en impago en 2017, enfrentando desde entonces una de las reestructuraciones más complejas entre los mercados emergentes.
El repunte reportado por Bloomberg también responde a las expectativas de que Estados Unidos continúe flexibilizando las sanciones. Este optimismo se vio reforzado la semana pasada, cuando la OFAC autorizó servicios legales y financieros para una eventual renegociación de los compromisos de la República y Pdvsa.
Entre tanto, la firma Morgan Stanley estima que algunos bonos de la estatal petrolera podrían registrar alzas de hasta 16 %, mientras que los soberanos se ubicarían cerca del 9% “bajo un escenario de recuperación más acelerada de ingresos externos”.
Por su parte, S&P Global señala que el compromiso externo de Venezuela se ubicaría entre los 150.000 y 200.000 millones de dólares. Este monto engloba no solo los bonos de la República y de Pdvsa, sino también los intereses en mora y las obligaciones comerciales acumuladas tras años de limitaciones financieras.
Para la firma, estas cifras sitúan a Venezuela “en una situación comparable a las mayores reestructuraciones recientes de mercados emergentes”.
“Venezuela podría afrontar obstáculos en la reestructuración de su deuda debido al alto riesgo de acreedores que no aceptan la reestructuración, el riesgo de litigios, la compleja composición de los acreedores y los sustanciales niveles de deuda externa”, sostiene.
En contexto
Más temprano, la administración encabezada por Delcy Rodríguez aseguró que la reestructuración de la deuda busca “poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”.
Sostuvo que Venezuela mantuvo durante años el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, pero afirmó que las sanciones financieras impuestas desde 2017 limitaron su capacidad para seguir honrando esos compromisos y restringieron el acceso a mecanismos normales de financiamiento.
El Gobierno también señaló que el país atraviesa una “oportunidad histórica” para ampliar su potencial económico mediante nuevas “agendas diplomáticas constructivas y productivas”, con el objetivo de estabilizar la economía, atraer inversiones y “mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”.
“Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”, prosiguió.
La decisión fue anunciada una semana después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitiera el pasado 5 de mayo una licencia general que autoriza determinados servicios relacionados con la reestructuración de deuda venezolana.
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