Apenas dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, ha llegado a su fin, tal y como lo ha comunicado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Si bien es cierto que los presos políticos han estado en el centro de la conversación, en este periplo hay otro grupo de personas olvidadas que no han recibido respuesta de las autoridades a múltiples casos relacionados con causas políticas. Se estima que unas 30.000 personas siguen siendo víctimas directas del régimen chavista con causas sin resolver, muchas de ellas silenciosas y no visibilizadas.
Durante años, los organismos dependientes del régimen de Nicolás Maduro intensificaron las herramientas de control y represalia política contra ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, con medidas como impedimentos de salida del país, prohibiciones de entrada, retención de pasaportes, negación de documentación, incautaciones de bienes y restricciones en el ejercicio profesional, por nombrar algunos.
Expertos en derechos humanos aseguran que se trata de una estrategia de silenciamiento y represión que afecta principalmente a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas políticos, lo que supera con creces el número de víctimas relacionadas directamente con causas políticas. Esta táctica se identifica “como una herramienta más dentro de las utilizadas por el Estado para aleccionar y silenciar a voces percibidas como disidentes”, según indica el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en su último informe de abril de 2025 sobre la anulación de pasaportes a venezolanos.
Sobre el número de afectados, diferentes ONG aseguran que la opacidad judicial y la dificultad para acceder a los expedientes impiden el seguimiento de los casos, con lo que la cifra es referencial.
El abogado penalista y experto en derechos humanos, Alonso Medina Roa, asegura que es “imposible precisar el número de afectados porque hay personas vinculadas en todo el territorio nacional” y afirma que esta situación es “otra forma de represión” que “no se enfoca única y exclusivamente en las personas que han sido privadas de la libertad”. “Hay una diversidad de acciones represivas en contra de los venezolanos, como incautación de bienes, prohibición de salida del país, restricciones en el ejercicio profesional; en fin, cada una de esas acciones genera un impacto negativo y traumático en la sociedad”, agrega en entrevista con El Nacional.
Para Medina Roa, “la masificación de las medidas judiciales cautelares ha tenido un impacto importante en la restricción de los derechos fundamentales de miles de venezolanos; en su mayoría, cada una de esas medidas se ha dictado con la carencia de fundamentos de derechos, inspiradas en su mayoría en causas políticas y forma de persecución”.
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