El registro oficial detalla los datos del exfuncionario chavista y subraya que la actualización forma parte de los ajustes periódicos que lleva a cabo la entidad a su lista de sancionados, en la que figuran personas y entidades sujetas a restricciones financieras o bloqueos bajo la legislación de Estados Unidos.
Muñoz Pedroza se desempeñó como procurador general de Venezuela durante más de una década. Inició en el cargo en condición de encargado en 2015 y posteriormente fue ratificado como titular por la Asamblea Nacional en 2021.
Antes de llegar a la Procuraduría, ocupó distintos cargos dentro del aparato estatal, incluyendo funciones en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Tierras durante el gobierno de Hugo Chávez, donde participó en áreas de asesoría y gestión jurídica.
Su permanencia en la Procuraduría se extendió hasta marzo de 2026, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó oficialmente su renuncia al cargo, tras más de diez años al frente del despacho.
Durante la sesión parlamentaria en la que se formalizó el anuncio, se comunicó además la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general.
Muñoz había sido sancionado inicialmente por Estados Unidos el 4 de septiembre de 2020, junto a otras figuras del alto gobierno venezolano, bajo la Orden Ejecutiva 13692, en su versión modificada. En ese momento, la OFAC lo señaló como parte de un grupo de funcionarios que habrían facilitado acciones del gobierno de Nicolás Maduro para “socavar la independencia de las instituciones democráticas” en Venezuela.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, su designación estuvo vinculada principalmente a su rol como procurador general, cargo desde el cual habría participado en la representación jurídica del Estado venezolano en procesos relacionados con activos, patrimonio nacional y disputas internacionales, en un contexto que Washington calificó como de «debilitamiento institucional y falta de independencia de poderes».
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