CARACAS – La reciente emisión de licencias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, que autoriza operaciones específicas con la banca pública venezolana, representa un avance estratégico para la operatividad económica del país. Así lo afirmó el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien calificó la medida como un "primer paso importante" hacia la normalización financiera.
A diferencia de medidas anteriores centradas exclusivamente en el ente emisor, Oliveros aclaró que esta flexibilización tiene un alcance sistémico. El beneficio no se limita al Banco Central de Venezuela (BCV), sino que se extiende a las principales instituciones del Estado.
Esta apertura permitiría reactivar mecanismos que habían quedado bloqueados bajo el esquema de sanciones, facilitando desde el uso de tarjetas prepagadas y transferencias bancarias, hasta la posibilidad futura de gestionar transacciones internacionales y en efectivo.
Para el especialista, el efecto más inmediato se sentirá en la dinámica de divisas. La incorporación de la banca pública al flujo transaccional podría dotar de mayor "profundidad" al mercado cambiario, permitiendo que estas instituciones participen más activamente en la asignación de moneda extranjera.
"Esta decisión era esperada y anunciada semanas atrás. Podría contribuir a la normalización del mercado, aunque no es una solución mágica", advirtió Oliveros a través de sus canales digitales.
Pese al optimismo moderado, el economista enfatizó que la estabilidad económica de Venezuela no depende exclusivamente de factores externos o licencias de la OFAC. Para consolidar este avance, Oliveros señaló como tareas urgentes:
Ajustes en la política fiscal para controlar el gasto y la inflación.
Optimización de las subastas de divisas para mejorar la eficiencia en la entrega de moneda extranjera.
Es importante destacar que la medida de Washington no implica un levantamiento total de las restricciones. La OFAC mantiene un esquema de autorizaciones condicionadas, permitiendo contratos comerciales específicos y operaciones bajo vigilancia, mientras permanecen vigentes otras sanciones estructurales contra el Gobierno venezolano.

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