Caracas.- La abogada penalista, Gisela Jiménez Aranguren, sostuvo que lo primero que debe resolver el tribunal de EEUU que lleva el caso del presidente, Nicolás Maduro, es el tema de la declaratoria de ser un «prisionero de guerra», que hizo el mandatario en la primera audiencia el 5 de enero del presente año.
«Eso tiene que resolverse, porque eso cambiaría el escenario jurídico posterior. Hay que esperar los resultados de esa decisión», expresó Jiménez Aranguren.
La declaratoria no es un acto retórico, es una denuncia jurídica de alto nivel que expone ante el mundo, la verdadera naturaleza del conflicto que han creado los Estados Unidos. Ocurrió una agresión armada contra un Estado soberano, y contra el orden jurídico internacional.
Añadió que la defensa del mandatario ha argumentado la imposibilidad de cancelar los honorarios profesionales de los abogados privados debido al bloqueo de fondos por parte de la OFAC.
«La estrategia de la Defensa (es señalar que) hay una violación permanente del derecho constitucional a la defensa, en virtud de que se está presionando al presidente de tener que pagar con sus fondos personales esos honorarios», indicó Jiménez Aranguren.
Con información de Unión Radio
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