Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la ley de amnistía para presos políticos, tras una semana de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida, que generó dudas entre organizaciones y familiares sobre si activistas y opositores en el exilio podrían acogerse a la medida.
La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense— fue aprobada en segunda discusión, tras dos horas de sesión.
Los nueva ley concede amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, comenzando con el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, siguiendo con el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024, por citar solo algunos del momentos contemplados en el texto.
Quedan excluidas las violaciones graves a los derechos humanos, además de los delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción, de acuerdo con el artículo 9 de la ley.
El debate de la semana pasada se suspendió por la falta de acuerdo sobre una modificación a uno de los artículos que podría impedir que activistas en el exilio, como los líderes opositores María Corina Machado o Edmundo González, se acojan a la medida.
La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento. Hasta el momento, se han registrado 383 ecarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos.
Para su aprobación, se agregó al artículo un supuesto excepcional para quienes permanezcan fuera del país, el cual establece lo siguiente: “Cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza y elección, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad”.
Aunque el texto ya había recibido el visto bueno en primera discusión el pasado 5 de febrero, aún debía someterse a un debate final antes de quedar formalmente aprobado.
Ahora que fue aprobada en el Parlamento, la Ley de Amnistía será enviada a la presidencia para su firma y posterior promulgación.
Cuestionamientos
Abogados, políticos, académicos y organizaciones civiles han cuestionado algunos puntos de la propuesta, como el de solo incluir para la amnistía 10 momentos «de violencia política» desde 1999.
El proyecto excluye a aquellos procesados o condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. Además, establece que los beneficiados de la ley deben presentarse ante tribunales para obtener tal beneficio.
En este sentido, la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, advirtió previamente que la amnistía prevista no opera de manera automática, ya que su aplicación quedaría sometida a verificación judicial caso por caso, con un sistema de recursos que incluye apelación.
“Esto significa que la libertad no es inmediata, sino que queda sujeta a la decisión y revisión del mismo Poder Judicial que ha sostenido la persecución”, afirmó.
Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia ha advertido que el proyecto de ley “incurre en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo’”, con lo cual, a su juicio, “se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal”.
¿Qué plantea la Ley de Amnistía?
La amnistía, tal como está planteada, cubre casos desde 1999, lo que abarca los 27 años de gobiernos del chavismo.
La exposición de motivos indica que la finalidad principal de la ley es “ofrecer una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela” ante la “confrontación política” que, según el texto, fue generada “por el extremismo”.
El documento describe además la estructura del proyecto, que consta de 13 artículos y establece que “los artículos 1 al 5 definen el objeto, las finalidades y los principios de aplicación e interpretación” y que “los artículos restantes desarrollan los hechos sujetos a amnistía, los efectos jurídicos de la norma y los procedimientos necesarios para su implementación”.
Con información de CNN y El Diario
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