Las voces más fuertes de disidencia contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele han temido durante mucho tiempo una represión generalizada. Han soportado redadas policiales en sus hogares, han visto a sus amigos ser encarcelados y se han movido de una casa segura a otra para poder quedarse en El Salvador.
Hasta que recibieron una advertencia: Salgan de inmediato. Es el exilio o la prisión.
Una combinación de detenciones de personas renombradas, una nueva ley de “agentes extranjeros”, la represión violenta de manifestantes pacíficos y el riesgo de detención gubernamental hicieron que más de 100 exiliados políticos salieran del país en los últimos meses.
El mayor éxodo de periodistas, abogados, académicos, ambientalistas y activistas de derechos humanos en años es un oscuro recordatorio de la guerra civil de la nación hace décadas, cuando se cree que decenas de miles de personas escaparon. Los exiliados que hablaron con The Associated Press dicen que están dispersos por Centroamérica y México con poco más que mochilas y una pregunta persistente sobre dónde terminarán.
“Estamos viviendo una etapa donde se repite la historia”, afirmó Ingrid Escobar, líder del grupo legal de derechos humanos Socorro Jurídico, quien huyó de El Salvador con sus dos hijos.
“Uno pierde todo”, expresó.
El gobierno de Bukele no respondió a solicitudes de comentarios.
“Tendremos que dejar este país”
Bukele, de 43 años, ha sido criticado durante mucho tiempo por socavar la democracia y cometer abusos contra los derechos humanos en su guerra contra las pandillas, en la que el gobierno suspendió derechos constitucionales y arrestó a más del 1% de la población de El Salvador.
Activistas y periodistas dicen que durante años han enfrentado acoso y amenazas crecientes del autodenominado “dictador más cool del mundo”, cuya personalidad irónica en las redes sociales, su apuesta por el bitcoin y su discurso duro contra el crimen le ha ganado la adoración de muchos en la derecha estadounidense.
A pesar de que el 60% de los salvadoreños dijeron en una encuesta reciente que temen expresar públicamente opiniones políticas, Bukele sigue disfrutando de altos niveles de aprobación porque la violencia disminuyó tras su batida contra las pandillas.
Escobar, una de las críticas más abiertas del mandatario, dijo que cuando su organización desafiaba al gobierno a través de miles de casos judiciales, la policía vigilaba constantemente a su familia, apareciendo afuera de la casa de su madre y de las escuelas de sus hijos de 7 y 11 años.
“Un día probablemente vamos a tener que salir del país”, les dijo, esperando que no fuera cierto.
Pero las cosas han llegado a un punto de inflexión en los últimos meses a medida que Bukele se envalentona por su alianza con el presidente estadounidense Donald Trump, principalmente debido a la detención de cientos de deportados venezolanos en una prisión salvadoreña hecha para pandilleros.
En mayo, el gobierno de El Salvador aprobó una ley de “agentes extranjeros” similar a la legislación utilizada por Rusia, Venezuela y Nicaragua para tipificar como delito la disidencia al enfocarse en organizaciones que reciben financiamiento del extranjero. Poco después, la policía detuvo a Ruth López, una abogada anticorrupción de la principal organización de derechos humanos de El Salvador, Cristosal, acusándola de corrupción. López refuta las acusaciones.
Mientras la policía la escoltaba con grilletes a una audiencia judicial en junio, gritó: "¡No me van a callar, quiero un juicio público!”.
Su detención se produjo en medio de los arrestos de varios críticos.
El jueves, Cristosal anunció que había evacuado de manera discreta a todo su personal a Guatemala y Honduras, y cerró operaciones en El Salvador.
“El sistema de justicia ha sido convertido en un arma contra nosotros”, señaló el dirigente de Cristosal, Noah Bullock. “Nadie en El Salvador tiene dudas de que el gobierno puede detener a quien quiera y desaparecerlos en prisiones indefinidamente”.
“Si yo me quedo, ¿voy a morir?”
Escobar pronto recibió la noticia de que su nombre aparecía en una lista con otros 11 periodistas y activistas que podrían ser detenidos.
Escobar, que estaba a punto de comenzar un tratamiento para el sarcoma, una forma rara de cáncer, temía que si la encarcelaban, no recibiría la atención médica que necesita. Alrededor de un tercio de las cientos de muertes en prisiones bajo Bukele fueron causadas por la falta de atención médica.
“Me hice una sola pregunta: ‘Si yo me quedo, ¿voy a morir?’”, señaló.
En junio, ella y sus hijos cruzaron la frontera de Guatemala, volaron a Estados Unidos y luego a otro país latinoamericano. Mira por encima del hombro todos los días.
Muchos de los exiliados pidieron a The Associated Press que no revelaran sus ubicaciones por temor a que pudieran ser rastreados. Otros que han huido estaban demasiado asustados para hablar, incluso de forma anónima.
Una pareja huye
La periodista Mónica Rodríguez, de 40 años, y su esposo, el activista Steve Magaña, de 37, están en el exilio.
Fueron de las pocas personas que documentaron en video a la policía salvadoreña reprimiendo violentamente una manifestación pacífica. Cientos de manifestantes, incluidos niños y ancianos, querían que el presidente detuviera el desalojo de su comunidad rural.
“Y hay un quiebre ahí de la narrativa de Bukele”, comentó Rodríguez. “Están haciendo toda esta represión a esta gente y está quedando en evidencia”.
Posteriormente, Bukele publicó en la red social X que la comunidad había sido “manipulada” por ONG y periodistas, y luego anunció la ley de agentes extranjeros.
Pronto vinieron los arrestos y más personas huyeron del país. Rodríguez dijo que la policía mostró fotos de ella y su esposo a la comunidad, preguntando dónde estaban.
Rodríguez y Magaña ya estaban asustados después de que policías enmascarados allanaran su hogar meses antes, incautando computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de crédito de Magaña y discos duros que contenían materiales periodísticos de Rodríguez.
La pareja se escondió, moviéndose entre cuatro casas seguras en San Salvador hasta que abandonaron el país. En junio, la Asociación de Periodistas de El Salvador informó que al menos 40 periodistas huyeron del país en cuestión de semanas.
“Hemos perdido todo”
Para algunos, incluido Jorge Beltrán, un reportero de 55 años que sirvió en el ejército salvadoreño durante la guerra civil, es un “déjà vu”.
Entre 1979 y 1992, se libró una guerra entre un gobierno represivo respaldado por Estados Unidos y guerrillas de izquierda. Aunque no hay un número universalmente acordado, los historiadores creen que hubo decenas de miles de exiliados políticos, incluidos líderes de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos. La ONU estima que alrededor de 1 millón de personas abandonaron el país durante el transcurso de la guerra.
“Yo pensé que nunca más iba a vivir esto”, dijo Beltrán. “La guerra, el conflicto armado derivó en una incipiente democracia de la que disfrutamos unos años... Algo se logró, y ahora lo hemos perdido todo nuevamente”.
El periodista que investigaba la corrupción en El Salvador para el periódico El Diario de Hoy dijo que plantó cara a los ataques legales antes de exiliarse.
Beltrán fue demandado por un empresario con estrechos vínculos con el gobierno por “daño moral” por su investigación que descubrió evidencia de corrupción. Un tribunal salvadoreño le ordenó retractarse de la historia, pero no se le exigió pagar una indemnización. Mientras tanto, dijo, los funcionarios lo acosaban constantemente por no revelar sus fuentes en historias sobre la trata de personas y las desapariciones forzadas.
Finalmente recibió una llamada de un funcionario del gobierno advirtiendo que la policía podría ir por él.
“Le recomiendo que se vaya del país... Porque lo van a silenciar, es uno de los objetivos a silenciar”, comentó Beltrán que le dijeron. “Puede dejar de hacer periodismo, pero ya le van a cobrar las que ya hizo”, añadió.
Dejó El Salvador con apenas dos bolsas de medicinas para hipertensión arterial y sus heridas de guerra, un libro sobre la represión gubernamental y dos cartas de su esposa e hija en las que le decían que esperaban volver a encontrarse algún día.
Con las maletas aún empacadas, desde otro país centroamericano señaló que quiere buscar asilo en Canadá. Dado que Trump y Bukele son aliados, considera que es el único lugar en el hemisferio donde cree que se sentirá seguro.
“Incluso aquí, estoy encerrado tras las rejas”, dijo, hablando desde la casa con ventanas enrejadas donde se esconde. “El exilio es una prisión”.
Con información de AP
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