Este 1 de julio, el contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Gustavo Vizcaíno, dio inicio al proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, dirigida a las máximas autoridades, así como a servidores y servidoras que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional.
En este sentido, los miembros de la Unidad de Gestión Financiera de los Consejos Comunales, las y los voceros que formen parte del Banco Comunal y los integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales y gremiales también deberán realizar la Declaración Jurada de Patrimonio de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción.
El contralor general, Dr. Gustavo Vizcaíno Gil, enfatizó la importancia fundamental de realizar la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, calificándola como una obligación legal ineludible y que están dadas las condiciones para cumplirla.
"La página (www.cgr.gob.ve) va a estar abierta las 24 horas del día; desde cualquier parte usted puede ingresar bien sea a través de su pc, laptop, el teléfono celular para hacer y cumplir el deber que tiene de actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio. También tenemos disponible un número telefónico 0800 - Declara (0800 3325372), por donde ustedes podrán articular con la Contraloría General de la República ante cualquier problema que se le presente en el momento de rendir su Declaración Jurada de Patrimonio", expresó la Máxima Autoridad Fiscalizadora del país.
Subrayó que este proceso es una herramienta clave para garantizar la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Al cumplir con esta declaración, las y los servidores públicos no solo acatan la ley, sino que también contribuyen activamente a consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado venezolano, un pilar esencial para el desarrollo del país.
De acuerdo con el Contralor "182.342 servidoras y servidores públicos están llamados a cumplir con la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio" y disponen de la Sala Situacional, habilitada en la sede de la CGR, así como en todo el Sistema Nacional de Control Fiscal en el territorio.
Asimismo detalló que el incumplimiento de la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) puede acarrear sanciones administrativas que van de cien (100) a mil (1000) del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela vigente para el momento del pago.
Destacó que, si hay reincidencia, también se podrá acordar la suspensión en el ejercicio del cargo y la inhabilitación de la función pública, recordando que este proceso tiene como fecha límite hasta el 31 de julio.
La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela reitera su firme compromiso con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, hace un llamado a todas las y los servidores públicos a cumplir con este proceso que permite el fortalecimiento de las instituciones del Estado venezolano.
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