El enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, estaría llevando a cabo contactos no autorizados con el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha generado fricciones en los círculos diplomáticos de Estados Unidos por tratarse de gestiones realizadas al margen del presidente Donald Trump y sin el conocimiento del Departamento de Estado.
De acuerdo con una publicación del New York Post difundida este jueves, Grenell habría entablado conversaciones informales con Caracas con el objetivo de liberar al ciudadano estadounidense Joe St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea detenido en Venezuela, sin informar de ello a las autoridades competentes de su país ni a actores clave como el senador Marco Rubio, uno de los opositores más férreos al chavismo en el Congreso estadounidense.
“El Departamento de Estado fue dejado intencionalmente en la oscuridad, al igual que Rubio”, afirmó Caroline Wren, lobista de la firma Tactic Global y colaboradora directa de Grenell en estos acercamientos. Según ella, no correspondía al funcionario informar a los organismos oficiales, aunque no aclaró los motivos detrás del secretismo con que se manejaron estas gestiones.
El diario neoyorquino también señala que Grenell habría mencionado casualmente a Trump el mes pasado que había logrado un entendimiento con Maduro, lo cual habría tomado por sorpresa a la Casa Blanca. Dentro del acuerdo propuesto figuraba la posible extensión de la licencia de la petrolera Chevron para importar crudo venezolano, una concesión que, sin embargo, no tenía el respaldo formal del Presidente, quien más bien expresó su intención de dejarla expirar el pasado 27 de mayo.
Estas supuestas negociaciones paralelas han generado fuertes reacciones en sectores del Partido Republicano y de la diplomacia estadounidense. Para algunos funcionarios consultados por el New York Post, el presunto accionar de Grenell representaría una peligrosa ruptura con la línea dura mantenida por la administración Trump frente al chavismo.
En defensa del acercamiento, sectores de la derecha más radical como la activista Laura Loomer, junto a allegados de Grenell, sostienen que mantener la licencia de Chevron ayudaría a frenar el avance de intereses chinos en el sector petrolero venezolano.
Además, según el informe, Grenell habría delegado en el excongresista Aaron Schock la promoción del enfoque geopolítico de sus gestiones. Schock también colabora con Harry Sargeant, empresario petrolero cuya licencia para operar en Venezuela fue suspendida por la administración Trump. Aunque Sargeant negó que tanto Schock como Grenell actuaran en su representación, la cercanía entre estos personajes ha despertado sospechas entre legisladores y asesores de política exterior.
En un plano aún más delicado, fuentes policiales citadas por el diario alertan sobre los posibles efectos colaterales de las acciones de Grenell. Sostienen que este tipo de acuerdos podría incentivar al Ejecutivo venezolano —a través del grupo criminal Tren de Aragua, presuntamente vinculado al Gobierno— a capturar a ciudadanos estadounidenses con fines de canje político.
En línea con esa advertencia, el mismo día en que venció la licencia de Chevron, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje en la que insta a los estadounidenses a no viajar a Venezuela, debido al riesgo elevado de secuestro, detención arbitraria, tortura y violencia.
Con información de Sumarium
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