Trabajadores de diversos sectores de la ciudad de Mérida tomaron las calles hoy enérgicamente para protestar contra el reciente incremento del "bono de guerra económica" decretado por el gobierno nacional. La medida, que dejó intacto el salario mínimo, ha sido calificada como una burla y un golpe directo al poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Las manifestaciones se concentraron principalmente en la Plaza El Llano y en el rectorado de la Universidad de Los Andes (ULA), epicentro de la indignación del sector universitario.
El rector de la ULA, Mario Bonucci, se unió a la protesta y declaró su profundo rechazo a estas políticas que precarizan aún más la situación de los empleados universitarios. Por su parte, Maydole Villegas, secretaria de organización de la Asociación de Empleados de la ULA, denunció el maltrato sistemático al que están siendo sometidos, señalando que los bonos otorgados son insuficientes para cubrir siquiera tres días de la cesta básica, lo que representa una flagrante violación de sus derechos constitucionales.
Desde la Asociación de Profesores de la ULA, su presidente, Virgilio Castillo, lamentó que el ajuste de las bonificaciones sea insignificante y genere mayores obstáculos para el funcionamiento de la universidad, obligando a sus miembros a buscar alternativas para subsistir ante la mengua de sus ingresos.
Dionis Dávila, secretario general del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la ULA, fue contundente al expresar que la decisión del gobierno ha sido una "bofetada" para los trabajadores, al destruir el salario con un aumento exclusivo al bono de guerra y no al sueldo base.
La jornada de protesta contó con la participación activa de diversos gremios que operan en la ciudad, incluyendo la Unión Nacional de Trabajadores. Su coordinador, Jean Piero Quiñonez, manifestó que el gobierno mantiene "secuestrado" el salario de los venezolanos, otorgando incrementos irrisorios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de la población.
Los manifestantes expresaron su frustración y exigieron al gobierno nacional una revisión urgente de las políticas salariales, demandando un aumento significativo del salario mínimo que les permita vivir con dignidad y recuperar el poder adquisitivo perdido. Las protestas en Mérida reflejan el creciente malestar de la clase trabajadora venezolana ante la persistente crisis económica y la insuficiencia de las medidas gubernamentales para mitigar su impacto.
Leonardo Rodríguez Dugarte / Compás Informativo
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