El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes instó este jueves al gobierno peruano a mejorar los procedimientos de regularización de los trabajadores migrantes, especialmente los procedentes de Venezuela, en un contexto de crecientes deportaciones desde la implementación de políticas migratorias más estrictas en 2018.
Esta solicitud se presentó durante el segundo examen de Perú ante el comité, llevado a cabo entre el 4 y el 5 de diciembre, como parte de la evaluación del cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
El comité expresó su preocupación por el endurecimiento de la política migratoria peruana desde 2018, que incluyó la imposición de controles más estrictos, la exigencia de pasaportes y visados, así como expulsiones masivas.
Estas medidas han tenido un impacto negativo en comunidades migrantes, especialmente en venezolanos, colombianos y haitianos, quienes han sido objeto de discriminación y xenofobia.
Los expertos del comité destacaron que a los venezolanos, en particular, se les ha acusado injustamente de ser responsables de la delincuencia en Perú.
Además, el comité señaló que más de un millón de venezolanos han solicitado asilo en Perú desde el inicio de la crisis en Venezuela. Ante esta situación, los expertos pidieron aclaraciones al Estado peruano sobre las políticas de expulsión y deportación, subrayando que, aunque las limitaciones a la regularización migratoria son comprensibles, deben ser "razonables".
En otro tema relacionado, el comité mostró preocupación por el aumento de la emigración peruana, especialmente de jóvenes profesionales, lo que genera una fuga de cerebros y una pérdida de capital humano. Aunque valoraron positivamente las medidas previas de asistencia a los peruanos en el exterior, los expertos advirtieron que los servicios consulares del país son limitados y no cubren adecuadamente las necesidades de los expatriados.
En términos positivos, el comité elogió el alto índice de asistencia brindada a ciudadanos peruanos detenidos en el extranjero, destacando que, entre 2023 y 2024, el Estado peruano proporcionó ayuda a más de 5,000 nacionales que se encontraban a la espera de un proceso de expulsión.
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