Pese a un fuerte operativo policial, miles de personas se congregaron hoy en los alrededores del Congreso argentino, como parte de una Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
Integrantes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, estudiantes, profesores y ciudadanos en general llegan a la sede legislativa desde distintos puntos de esta ciudad y la provincia de Buenos Aires, en tanto otras regiones del país celebran otras manifestaciones.
Por su parte, los trabajadores de la línea B del metro capitalino abrieron los molinetes de la estación Lacroze entre las 12:00 y las 13:00, hora local, para dejar pasar gratis a quienes desean participar en la demostración contra las políticas del gobierno de Javier Milei y su intención de vetar una ley de financiamiento educativo.
A su vez, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios denunció que, mientras varias columnas de manifestantes comienzan a confluir en los alrededores del Congreso, el protocolo antiprotestas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intenta impedir que se lleve a cabo la iniciativa.
Bullrich, una vez más, montó un operativo desproporcionado y con vallas para impedir el desarrollo de una protesta pacífica en defensa de la universidad pública. Además, la Gendarmería está parando los autobuses que vienen desde el interior de la provincia de Buenos Aires y el conurbano, señaló dicho organismo.
De este modo, los manifestantes de desplazan en su mayoría por la Avenida de Mayo con carteles en mano, además de docentes y jubilados.
Se tiene previsto que la movilización se dirija hacia el Congreso para pedirle al Poder Legislativo y al Ejecutivo políticas que beneficien a las universidades públicas.
Algunas organizaciones sindicales, sociales y políticas tomaron la delantera y lograron llegar al Congreso.
Asimismo, hay un escenario donde se tiene previsto un acto donde se leerá un documento.
Esta sería la segunda marcha en los últimos cinco meses luego del veto a la ley de financiamiento anunciado por el gobierno argentino.
Con información de Prensa Latina
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