La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia que establece la responsabilidad del Estado venezolano por violaciones graves a los derechos humanos de Ovidio Jesús Poggioli Pérez, un General de Brigada retirado del Ejército venezolano.
Estas violaciones incluyen los derechos a la libertad personal, integridad personal, honra, garantías judiciales y protección judicial, todas ellas en el contexto de una detención ilegal y arbitraria y de un proceso penal militar plagado de irregularidades.
Los hechos en cuestión se desarrollaron en el periodo de movilización social en Venezuela entre diciembre de 2001 y abril de 2002.
¿Qué sucedió?
El 19 de abril de 2002, el Ministro de Defensa de Venezuela ordenó la apertura de un proceso militar contra Poggioli, sin especificar los cargos, lo que marcó el inicio de una serie de violaciones al debido proceso.
A pesar de que la defensa del General retirado presentó una acción de amparo constitucional que fue admitida por la Sala Constitucional, el caso fue suspendido, dejando a Poggioli sin una vía efectiva para el ejercicio de su derecho a la defensa.
En diciembre de 2003, Poggioli fue detenido sin orden judicial por la Dirección de Inteligencia Militar, sin que se le informara de las razones de su privación de libertad. Este acto fue declarado ilegal por la Corte, subrayando la falta de justificación del Estado y la ausencia de un debido proceso en el tratamiento de su caso.
Posteriormente, en 2004, se le inició un segundo proceso penal por instigación a la rebelión militar, resultando finalmente en una condena a dos años, cinco meses y diez días de prisión (2005). La Corte ha subrayado que la detención y juicio de Poggioli fueron violaciones directas de su derecho a ser oído por un tribunal competente, dado que el exmilitar no se encontraba en servicio activo al momento de los hechos.
La Corte ha reafirmado su jurisprudencia en torno a la aplicación de la jurisdicción militar, estipulando que esta debe restringirse a los militares en servicio activo. La situación de Poggioli, un general retirado, representa un claro abuso de poder por parte del Estado.
Además, la Corte ha encontrado que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no fundamentó adecuadamente su respuesta a la solicitud de amparo, constituyendo otra violación de las garantías judiciales.
La demora de cuatro meses para presentar a Poggioli ante un juez también fue criticada por la Corte, que afirmó que esta acción vulneró su derecho a ser llevado sin demora ante una autoridad judicial.
Ante lo presentado, la Corte ordenó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para reparar a Poggioli por las violaciones sufridas y recordó que el respeto a los derechos humanos es fundamental para la consolidación de la democracia en la región.
Foto: Cortesía
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