La Fiscalía de Chile anunció este jueves la decisión del Tribunal Penal de Costa Rica de extraditar a Maikel Villegas Rodríguez, principal sospechoso del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, detenido en el país centroamericano en julio pasado.
Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público de Chile, comunicó: "El Tribunal Penal Costarricense ha fallado a favor de la solicitud de extradición de Chile respecto de Michael Villegas, ciudadano venezolano involucrado en el secuestro y homicidio del exteniente Ojeda".
Villegas, detenido el 12 de julio mientras cruzaba la frontera entre Costa Rica y Panamá en un autobús con dirección a Nicaragua, se enfrenta a serios cargos. Tras su arresto, la Fiscalía chilena presentó una solicitud formal de extradición, la cual fue aceptada inicialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente por los tribunales costarricenses.
Glasinovic destacó que la resolución del tribunal costarricense fue dictada el 16 de septiembre en primera instancia, lo que deja abierta la posibilidad de una apelación. En caso de que no se presente dicha apelación, "el Estado de Chile tiene dos meses para ir a buscar al señor Michael Villegas y traerlo al país", añadió.
El acusado está imputado en ausencia por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, un caso que ha conmocionado al país. Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero en su domicilio en Santiago, y sus restos fueron encontrados diez días después, enterrados bajo un bloque de cemento en una localidad periférica.
Hasta la fecha, solo se había detenido a un joven venezolano de 17 años, quien permanece en un centro de menores. Además, la justicia chilena ha emitido otra orden de detención contra Walter de Jesús Rodríguez Pérez, otro ciudadano venezolano cuyo paradero es desconocido.
En abril, la Fiscalía chilena vinculó el caso con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, originaria de una cárcel venezolana y con presencia en Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Las autoridades chilenas también solicitaron cooperación a Venezuela para esclarecer los hechos, generando fricciones diplomáticas entre ambos países.
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