El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó entre julio y agosto 134 agresiones a activistas y defensores de derechos humanos en el contexto postelectoral venezolano.
Exponen que hay un aumento en la criminalización, represión, agresiones y el control social contra quienes promueven, documentan, defienden y exigen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los datos recopilados por el CDJ evidencian un patrón preocupante de ataques estatales contra la ciudadanía, que se distribuyen de la siguiente manera: 56 incidentes de intimidación y hostigamiento, 47 casos de estigmatización, 19 amenazas, así como 5 detenciones arbitrarias y 4 acciones judiciales irregulares que limitan aún más la libertad de expresión en el país.
"La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continúa bajo ataque, lo que obstaculiza los derechos de asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como políticas de Estado, en un contexto de impunidad generalizada, demuestran el cierre del espacio cívico y democrático en el país", señala el informe de la organización, publicado el 24 de septiembre.
De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, las organizaciones de derechos humanos han sido descalificadas como "fascistas", "terroristas" o "desestabilizadoras de la patria".
En este contexto, la criminalización de la defensa de los derechos humanos se ha consolidado como una política estatal. La impunidad que prevalece y la falta de respuestas ante las agresiones sufridas por los defensores complican la labor de la sociedad civil.
"Hacemos un llamado a trabajar por la construcción de entornos propicios y seguros para quienes promueven, exigen y defienden derechos. Las personas defensoras deben poder ejercer sus actividades libremente y sin temor a represalias", concluye el informe.
foto: CDJ
Por: Valeria Fernanda Castro. Periodista egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta. CNP: 26.049.
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