El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó en los primeros tres meses del año 141 los actos de persecución y criminalización por parte del gobierno nacional a periodistas, defensores de Derechos Humanos y dirigentes políticos de oposición.
Durante el mes de marzo, Cepaz identificó y documentó más de 55 casos de persecución y criminalización, todos ellos enmarcados en una estrategia que busca silenciar y reprimir a aquellos que se oponen al régimen actual. Estos preocupantes eventos se suman a los más de 86 casos previamente documentados, elevando la cifra total de actos de persecución a 141 en lo que va del año.
Las personas involucradas en la política han sido particularmente afectadas, siendo objeto de amenazas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La censura y la autocensura continúan en aumento, con el cierre arbitrario de medios de comunicación y bloqueos de páginas web que buscan controlar la narrativa informativa en el país.
Asimismo, la intimidación hacia periodistas y trabajadores de prensa es cada vez más frecuente, con ataques directos a la libertad de expresión y al derecho a informar de manera independiente y veraz.
Ataques a periodistas y defensores de DDHH
La persecución no se limita a la esfera política, sino que se extiende a la sociedad civil y a defensores de derechos humanos, con detenciones injustificadas, amenazas y actos de hostigamiento que buscan amedrentar a aquellos que buscan alzar su voz en defensa de la justicia y la democracia.
"También en marzo fue sacado del aire el programa informativo y de opinión "Primera Plana", que se había emitido durante 48 años. La salida de la programación se debió a las amenazas de las cuales la televisora regional de Portuguesa fue víctima en el pasado. También salió de los servicios de cable ofrecidos en el país el canal alemán Deustche Welle, tras ser acusado de "difusión de contenido y promoción de propaganda de odio" en contra de la nación", expresa el comunicado de la organización.
Ataques a dirigentes políticos
Según el comunicado de CEPAZ, durante el mes de marzo, se registraron diversos acontecimientos relacionados con partidos políticos en Venezuela. Por un lado, el partido Voluntad Popular denunció actos de vandalismo en su sede en el estado Amazonas, donde desconocidos intentaron incendiar el lugar. Además, el exalcalde de Maturín por esa misma agrupación política, Warner Jiménez, fue vinculado a un presunto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, también informó sobre la detención de varios dirigentes de distintos partidos políticos, como Vente Venezuela, La Causa R, y el partido Un Nuevo Tiempo, en diferentes estados del país. Adicionalmente, se mencionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de figuras importantes de la oposición, como César Pérez Vivas y Juan Pablo Guanipa.
En medio de este contexto, se reportaron igualmente amenazas de muerte a líderes de la oposición a través de redes sociales, así como fuertes declaraciones por parte del presidente Maduro calificando de "terrorista" a Vente Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) también anunció la anulación de la participación de varios partidos políticos, y el abogado y defensor de los Derechos Humanos, Omar Mora Tosta, señaló irregularidades en el tratamiento judicial de los detenidos, como Emill Brandt, jefe del Comando de Campaña de Vente Venezuela en Barinas. Por su parte, el fiscal general reveló la solicitud de órdenes de aprehensión contra varios miembros del comando de campaña de María Corina Machado, acusándolos de planear atentados contra la vida del gobernador de Táchira, Freddy Bernal.
foto: Cortesía
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