El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), a través de su Observatorio de Gasto Público (OGP), presentó los resultados de su investigación centrada en los servicios públicos y esta vez consultaron a beneficiarios de los CLAP.
Las conclusiones de la investigación muestran que el 91 % de los encuestados prefiere que la distribución de alimentos a través del Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) sea eliminada.
La razón es que consideran que es ineficiente y no permite que los venezolanos tengan acceso al alimento de su preferencia. Además, el venezolano prefiere comprar libremente los productos sin que tenga que depender de “dádivas”.
Otro dato que revela la investigación es el 80 % de los usuarios de los CLAP no consumen todos los productos que forma parte del “combo alimenticio” subsidiado por el Gobierno de Venezuela por su “mala calidad”.
El 58 % de los encuestados aseguró que las entregas de los alimentos subsidiados son inconsistentes en cuanto a la marca de sus productos.
Esta inconsistencia genera a su vez desconfianza, lo que conlleva a intercambiar los productos o venderlos en el mercado informal.
Apenas el 4 % de los que reciben este subsidio aseguró que necesita la bolsa para subsistir, porque éste es su único mecanismo de adquisición de alimentos al mes.
Los CLAP nacieron en 2016
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron creados a principios de 2016 por el Gobierno de Venezuela liderado en ese entonces por el fallecido Hugo Chávez.
Su creación fue una respuesta del Ejecutivo a la grave crisis económica en Venezuela que llevó al país a perder toda la capacidad adquisitiva del salario. Ocho años después de la creación de los CLAP, el programa sigue vigente, pero el salario tampoco ha mejorado.
Hasta finales de mayo de 2024, el salario del venezolano es de 130 bolívares al mes, equivalentes a 3,56 dólares de acuerdo con el cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este 27 de mayo.
Quienes dirigen el CLAP son, por lo general, miembros de organizaciones comunitarias y políticas relacionadas al Gobierno. Su actuación ha sido polémica desde el inicio, pues los acusan en reiteradas ocasiones de discriminación y clientelismo.
A pesar de esto, el Gobierno los defiende como un instrumento necesario para garantizar los derechos de la población más vulnerable. Las cifras del Gobierno de Venezuela indican que el benefició de los CLAP llega a 7 millones de familias en Venezuela.
Con información de Radio Fe y Alegría
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