Familiares y amigos comenzaron el jueves a enterrar a sus seres queridos que se encuentran entre los al menos 16 muertos en el colapso de una mina operada ilegalmente en una zona remota del sureste de Venezuela.
Los funerales se producen en momentos en que aumentan las demandas de asistencia del gobierno para transportar a los heridos y los cuerpos recuperados atrapados desde el derrumbe el martes, uno de los peores en una industria minera escasamente regulada que se ha disparado a medida que la producción de petróleo de Venezuela, otrora uno de los mayores productores del mundo, ha caído en picada.
Mientras los dolientes llenaban el cementerio de La Paragua, la comunidad más cercana a la remota mina conocida como Bulla Loca y que llevaba apenas unos meses en funcionamiento, decenas de residentes se reunieron afuera de un restaurante donde creían que estaba comiendo el gobernador del estado. El grupo exigió hablar con Ángel Marcano, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, y en un momento golpearon un vehículo todoterreno estacionado afuera. Agentes del servicio de inteligencia con armas largas y policías acudieron al lugar.
Durante la noche del miércoles, las autoridades elevaron el número de muertos a 16 y un número igual de heridos.
Sentimiento de abandono de comunidades rurales
El colapso de una mina de oro explotada de forma ilegal en una zona remota del centro de Venezuela ha expuesto la sensación de abandono que sienten las comunidades pequeñas o rurales que se han quedado al margen del cuasi renacimiento económico de la capital, Caracas, y otras ciudades del país.
Los habitantes de La Paragua, la comunidad más próxima a Bulla Loca, una mina a cielo abierto donde en todo momento había docenas de hombres y mujeres trabajando, expresaron repetidamente el jueves su frustración con el gobierno al inicio de los funerales por algunas de las víctimas de la tragedia del martes.
Con al menos 16 fallecidos, el accidente es uno de los peores en la poco regulada industria minera venezolana, que repuntó en respuesta a la disminución de la producción de petróleo. Y la lenta respuesta gubernamental se sintió como un insulto a quienes durante años han ido de mina en mina buscando unos ingresos que no pueden encontrar en La Paragua.
Yulimar Soto fue una de las docenas de personas que el jueves se concentraron en el exterior de un restaurante donde creían que estaba el gobernador del estado, Ángel Marcano. El grupo exigió hablar con el aliado del presidente, Nicolás Maduro, y en un momento dado golpearon un vehículo estacionado fuera. Agentes del servicio de inteligencia con armas de asalto y policías acudieron al lugar.
Con información de AP
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