El gobierno de Javier Milei, como parte de su estrategia para ajustar el Estado y el recorte del aparato estatal, decidió rescindir los contratos de los empleados públicos que se incorporaron este año a las distintas entidades del servicio público.
Dicha medida fue confirmada con la firma y promulgación del Decreto 84/2023 en el Boletín Oficial en la madrugada de este martes, con lo cual se hizo oficial.
Dicho decreto establece que las contrataciones de aquellas personas que comenzaron a prestar sus servicios a partir del 1 de enero de 2023 en ciertos organismos del Estado no serán renovadas para el año entrante.
Ello abarca a empleados transitorios y de otras modalidades de contratación en la administración nacional y entes públicos de toda Argentina, como parte de la reforma estatal del gobierno.
Esta decisión, según distintos reportes, afectaría a más siete mil empleados de diversas áreas gubernamentales, excluyendo a quienes desempeñan funciones en empresas o sociedades estatales.
Los trabajadores de planta permanente y aquellos con contratos regulados por ley quedan exentos de las medidas gubernamentales, al igual para aquellos cuya modalidad de trabajo haya cambiado antes del 1 de enero de 2023.
Aun así, según el decreto, se permitirá la renovación de contratos considerados esenciales, aunque debe ser de manera restrictiva y debidamente fundamentada según lo establecido por la legislación gubernamental. El Decreto de Necesidad y Urgencia del 10 de diciembre de 2023 respalda esta medida del gobierno libertario, enmarcándola en la necesidad de racionalizar recursos tras la modificación de la ley de Ministerios, con la cual el gobierno eliminó 10 carteras.
Además, se destaca la proximidad del vencimiento de contratos de 12 meses, según la normativa vigente. En otro frente, el Gobierno prorrogó el Decreto 77/2023, que prohíbe nuevas contrataciones en el Estado, hasta el 31 de marzo de 2024, continuando una medida implementada por el Gobierno anterior en julio de 2022.
Tras la reciente desregulación económica mediante un megadecreto, y esta acción que ajusta el Estado, se espera que el gobierno de Milei presente un paquete de proyectos de ley en el Congreso. Entre las propuestas, se contempla el congelamiento de salarios para empleados públicos y se rumorea la posibilidad de reducir los sueldos de aquellos de alta jerarquía.
La discusión sobre estas medidas se espera que se dé durante las sesiones extraordinarias convocadas entre el 26 de diciembre y el 31 de enero.
Esto llega junto a que el congreso argentino inició este martes sesiones extraordinarias convocadas por el presidente ultraliberal Javier Milei para debatir leyes complementarias al megadecreto de desregulación económica resistido por la oposición y las centrales obreras, que piden a la justicia que lo declare inconstitucional.
“Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda”, dijo este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
El paquete complementario que debatirá el Congreso hasta el 31 de enero incluye reformas impositivas, a la ley electoral y a las funciones del Estado.
Este hecho desencadenó en protestas por parte de la ciudadanía, que se concentró en varios puntos de las ciudades.
Pero el foco está puesto en el decreto con más de 300 leyes que Milei firmó la semana pasada y cuyo contenido despertó protestas callejeras, reacciones de la oposición y la convocatoria a una manifestación de las centrales obreras este miércoles para pedir que la justicia lo declare inconstitucional.
El decreto limita el derecho a huelga, deroga la ley de alquileres, elimina normas de protección a los trabajadores y de resguardo al consumidor frente a aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160 % y la pobreza, el 40 %.
También quita topes a las comisiones bancarias y tasas punitivas, libera las cuotas de los seguros de medicina privada, deja sin efecto la ley que establecía aumentos trimestrales a las jubilaciones, y allana el camino a la privatización de empresas públicas y la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas.
Eliminó sueldos a obispos
El Estado argentino dejó de pagar los sueldos mensuales de los obispos de la Iglesia católica, anunció la jerarquía eclesiástica en un comunicado difundido este miércoles que da cuenta de una decisión que empezó a gestarse en 2018, cuando fue aprobada la ley del aborto.
El portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en conferencia de prensa que la Conferencia Episcopal argentina terminó de hacer efectiva la renuncia a la asignación mensual a través de la cual el Estado se hacia cargo de los salarios de algunos obispos y arzobispos.
“Esto coincide con los lineamientos de este Gobierno: la austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto. Entendemos que el Estado no tiene por que dar un tratamiento desigual a una religión a una religión o culto sobre otra”, comentó Adorni.
La asignación económica, cuantificada globalmente en unos 55.000 dólares al mes, dejó de aplicarse el pasado 1 de enero. La ayuda se aplicaba en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la Constitución de la Nación Argentina, por la cual “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Pero hace más de cinco años, la Conferencia Episcopal Argentina se reunió con el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), en medio de un clima político que reclamaba la separación entre la Iglesia y el Estado.
Las partes acordaron que la medida entraría en vigor al finalizar la Administración de Alberto Fernández (2019-2023).
Con información de AFP y EFE
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