En un movimiento que ha desencadenado intensos debates y resistencias en la sociedad argentina, el presidente Javier Milei, ha emitido un Decreto de Necesidad y Urgencia para implementar profundas reformas de mercado y al Estado. Estas medidas, alineadas con su ideología libertaria y minarquista, apuntan a reducir la intervención estatal en la economía, pero se han topado con reacciones a nivel legal y social.
Una de esas expresiones se ha dado en el marco de protestas callejeras, que el Gobierno busca limitar con nuevas normativas que le dan más margen de maniobra a las fuerzas de seguridad y penalizan a manifestantes y organizaciones que convocan a protestas que cortan calles.
Más allá de toda esta convulsión política y social, en la semana que pasó un fenómeno meteorológico extremo causó muertes y severos daños en diferentes partes del país.
Finalmente, la política no sólo es nacional, provincial y municipal: también se juega en los clubes de fútbol, como en Boca, que tuvo su elección presidencial el domingo pasado y no estuvo exenta de controversia.
La gran reforma de Milei
La primera cadena nacional que realizó Javier Milei fue sentado frente a un gran escritorio, y rodeado de sus ministros y un invitado especial, el economista Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri y quien diseñó la versión original del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de título 'Bases para la reconstrucción de la economía argentina', que anunció el presidente en su alocución de la noche del miércoles.
Durante su alocución, Milei dijo que el objetivo del decreto era "comenzar a destrabar" el "andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país". El texto, que fue publicado horas después en el boletín oficial, es un enorme compendio desregulador de la economía y de reforma del Estado, que contiene más de 300 medidas, entre las que hay derogaciones y modificaciones de leyes, algunas de más de 100 años de antigüedad.
Entre otras decisiones, el DNU modifica normativas vinculadas con el trabajo, extendiendo contratos a prueba, modificando las indemnizaciones y restringiendo el derecho a huelga; prepara el terreno para la privatización de empresas públicas; modifica la ley de alquileres, quitando restricciones a los contratos entre las partes; y habilita compra de grandes extensiones de tierra por parte de extranjeros.
Milei dijo que el decreto es un primer paso y que llamará al Congreso a sesiones extraordinarias para enviarle un paquete de leyes que profundicen la reforma iniciada por el DNU: algunas de los cambios que pretende hacer no pueden resolverse mediante ese mecanismo.
Sin embargo, también existen dudas respecto a la legitimidad –y tal vez legalidad– del DNU publicado el jueves. La opinión de diversos constitucionalistas es que excede el alcance real que debe tener un decreto de necesidad y urgencia, que precisamente debe cumplir con esas dos condiciones. Y, por otro lado, que una reforma de semejante dimensión no debería dejar de ser tramitada por el Legislativo, que es precisamente el ámbito que la república tiene para dirimir este tipo de cuestiones.
Nada de esto significa que el decreto no entre en vigencia a los ocho días de publicado (como marca la ley) ni que, llegado el momento, el Congreso decida rechazarlo. No obstante, el trámite parlamentario para que eso ocurra no es sencillo: a diferencia de lo que ocurre con las leyes, los decretos no necesitan ser aprobados por el Senado y Diputados, con que solo una de las dos Cámaras lo acepte o decida no rechazarlo es suficiente para que mantenga su vigencia. Mientras tanto, lo dispuesto en el decreto empieza a tener efecto apenas comienza a regir, más allá de que luego sea derogado.
También existe la posibilidad de que existan desafíos legales a lo dispuesto por el DNU. Y ya se presentó un primer amparo colectivo para pedir la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto, impulsado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado. En una suerte de plan B, si no prosperara el pedido de nulidad, la presentación también solicita que, para el tratamiento legislativo del decreto se suspendan los efectos de la ley que lo regula, la que indica que solo puede ser revocado si ambas Cámaras lo rechazan. Y la Confederación General del Trabajo, la más grande central sindical del país, anunció que presentará un amparo y se movilizará el próximo miércoles frente a la sede de Tribunales que se encuentra en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde convocará a un paro general con fecha aún a definir.
A todo esto se suma la resistencia social. Luego de conocerse el texto del decreto, pasada la medianoche entre el miércoles y el jueves, comenzaron cacerolazos en diferentes puntos de Buenos Aires, algunos más tímidos, otros más grandes. Poco a poco, grupos de personas fueron llegando al Congreso, donde cientos extendieron la protesta hasta después de las dos de la mañana. Hubo reacciones similares en otros puntos del país.
En la noche del jueves y madrugada del viernes se repitieron los cacerolazos en diferentes puntos del país. La preocupación de los manifestantes es que la batería de medidas de la reforma de Milei termine beneficiando a pocos sectores, a economías concentradas y de gran escala, y quite poder adquisitivo y de negociación a los individuos y pequeños empresarios, a la vez que incremente el desempleo.También critican que la reforma se hiciera por decreto y no a través del Congreso.
El viernes durante el día hubo nuevas manifestaciones de organizaciones sociales y sindicales y partidos de izquierda.
Pero no todo han sido críticas. Cámaras empresarias, como la Asociación Empresaria Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, respaldaron las medidas del Gobierno, aunque algunos empresarios e industriales consultados por France 24 en Español se han mostrado preocupados por los efectos que pueden tener las medidas en la economía del país.
También en términos más generales existen apoyos a lo planteado en el DNU del Ejecutivo. Muchos en Argentina acompañan la idea de una gran desregulación y reforma del Estado o, al menos, quieren darle una oportunidad a Milei, con el argumento de que sienten que lo que otros Gobiernos han intentado hasta ahora, al menos en los últimos años, no ha conseguido estabilizar la economía del país.
Más allá de las discusiones, ya hubo empresas de medicina prepaga que dieron por vigente el DNU y, citándolo, informaron a sus afiliados aumentos del 40% para enero de 2024.
Sanciones para manifestantes y organizaciones
Las del miércoles a la noche y el jueves a la madrugada no fueron las primeras manifestaciones contra las políticas del Gobierno de Milei. La primera tuvo lugar el miércoles, en el marco de una convocatoria que se realiza todos los años, para recordar las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminaron con la salida adelantada del poder del entonces presidente Fernando De la Rúa, tras una profunda crisis social y económica.
Las organizaciones sociales y piqueteras y los partidos de izquierda sumaron a la efemérides el reclamo por el plan de ajuste de Milei. Pero a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, el Gobierno había advertido que no permitiría cortes de calles, en el marco de un protocolo que recibió numerosas críticas.
El Gobierno también dijo que quitaría los planes sociales a aquellos manifestantes que cortaran las calles, y que le cobrarían el costo del operativo de seguridad a las organizaciones convocantes.
El operativo que montó el Gobierno, en el que participaron fuerzas federales y efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue inmenso y por sí mismo cerró el paso en las arterias por las que se movieron los manifestantes, que en ocasiones pudieron tomar la calle, y si no caminaron por las aceras. Finalmente no hubo grandes roces, no hubo escenas de violencia generalizada, y los manifestantes llegaron a Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Los organizadores de la marcha cantaron victoria por haber recorrido unas cuadras por la calle y llegado a la plaza. Según el Gobierno, el triunfo fue suyo: las autoridades dijeron que lograron reducir el número de manifestantes, controlar sus movimientos y que no se corten arterias principales de la ciudad.
La disputa no tiene solo que ver con una de las grandes banderas de campaña de Patricia Bullrich, excandidata presidencial, y hoy ministra de Seguridad, de terminar con los cortes de calle (algo que reclaman grandes sectores de la ciudadanía), sino también con la tensión del Gobierno con las organizaciones sociales que gestionan algunos planes sociales y son responsables de distribuirlos y controlar a quienes los cobran. Según el Gobierno, eso les da un poder inusitado y de coacción sobre los beneficiarios de los planes.
De hecho, las autoridades también invitaron a que los beneficiarios que sentían que eran obligados a marchar por las organizaciones realizaran denuncias telefónicas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa este viernes que recibieron más de 16.150 llamadas y que hay 32 personas concretas denunciadas, aunque no dio sus nombres. Adorni dijo también que el Gobierno buscará cobrarle los 60 millones (unos 75.000 dólares) de pesos que costó el operativo del viernes a los organizadores de la marcha. Además, informó que el Ejecutivo denunció a las organizaciones sociales por el "delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales".
Gobernadores ajustadores
Faltos de fondos y con la promesa del Gobierno nacional de que "plata no hay", el mantra que repite Milei desde su asunción, los gobernadores de las provincias buscan conseguir algún tipo de recurso de los impuestos que recauda la nación y recortan gastos.
Respecto a lo primero, es posible que vuelva a instituirse el impuesto a las ganancias para todo un grupo de trabajadores a los que se les había exceptuado de pagarlos. Ese impuesto es coparticipable: se distribuye, en parte, entre las provincias.
La otra estrategia es la del recorte presupuestario. Varios gobernadores comenzaron a reducir las plantas de trabajadores del Estado, pago en cuotas de sueldos de empleados públicos, reducción de Ministerios, recortes de salarios de funcionarios y venta de bienes provinciales, entre otros.
Temporal
En la noche del sábado y la madrugada del domingo un fuerte temporal golpeó en distintas zonas del país. El impacto más grande fue en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde ráfagas de viento muy por encima de los 100 kilómetros por hora afectaron la infraestructura de la ciudad. Hubo 13 muertos y decenas de heridos por la caída del techo de un estadio donde se realizaba un evento deportivo.
El mismo frente de tormenta llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires el domingo por la madrugada; dos personas murieron por caídas de árboles y objetos. En la Ciudad de Buenos Aires, cientos de árboles, ramas, y carteles fueron arrancados por el temporal. Se suspendieron unos 100 vuelos y muchos debieron ser reprogramados, por los daños que sufrió especialmente en aeroparque metropolitano de la capital argentina.
Millones de usuarios sufrieron cortes de electricidad. Y hay zonas del país en las que el servicio de energía eléctrica seguía cortado el viernes, más de cinco días después de la tormenta.
El lunes el Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia por 30 días y duelo por 72 horas, por los daños y víctimas del fenómeno climático.
Canciller argentina en París
El martes pasado la canciller argentina, Diana Mondino, realizó un viaje relámpago a París, que no estaba previsto en su agenda y pareció haber sido decidido a último momento. France 24 en Español intentó conocer el motivo detrás de la urgencia del viaje, pero no obtuvo respuesta de la Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sí informó que en el viaje Mondino buscó apoyos para acuerdos internacionales y se vinculó con representantes de empresas francesas con intereses en Argentina.
La Cancillería difundió comunicados en los que dijo que entre el martes y el miércoles Mondino se reunió con Emmanuel Bonne, Consejero diplomático de Emmanuel Macron, "para dialogar sobre los objetivos de los planes de Gobierno de Javier Milei"; con el ministro de la Transformación y la Reforma del Estado de Francia, Stanislas Guerini.
Entre los empresarios con los que conversó Mondino, estuvieron autoridades de la empresa Eramet, minera que tiene intereses en litio en el noroeste de Argentina; Dominique Senequier, presidenta del Grupo Ardian, el mayor fondo de inversión de Francia, y Laurent Dassault, CEO y propietario del Grupo Dassault, dedicado, entre otros, a la aeronáutica y la defensa. Dassault tiene, además, una bodega en Argentina.
También visitó las oficinas en París de Globant, una empresa de tecnología nacida en Argentina.
Derrota de Macri en las elecciones en Boca
En un hecho que parece alejado de la política, pero no lo es, Juan Román Riquelme, quien fuera jugador e ídolo en Boca Juniors, se convirtió el domingo en presidente de ese club, al ser elegido con una gran mayoría de los votos de los socios. Riquelme era vicepresidente de la entidad desde diciembre de 2019 y competía contra la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.
Política y fútbol están íntimamente ligados en Argentina: Macri había capitalizado su etapa como presidente de Boca entre mediados de los 90 y de los 2000 para lanzarse exitosamente como candidato primero para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego como presidente. Esta vez, iba como candidato a vice de Andrés Ibarra, que a su vez había formado parte del gabinete de la Presidencia de Macri (2015-2019).
El proceso electoral en Boca estuvo marcado por presentaciones judiciales de la fórmula Ibarra-Macri que lograron postergar la fecha de los comicios y buscaban que una parte de los socios no pudieran participar, por considerar que no cumplían las condiciones para hacerlo.
Tras muchas idas y vueltas, el resultado electoral a favor de Riquelme superó la cifra de socios cuestionada, con lo que la discusión quedó saldada en las urnas: el 65% de los más de 43.000 socios que votaron eligieron al exjugador.
Con información de France 24
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