La CIJ ha pronunciado su conclusión sobre las medidas provisionales solicitadas por Guyana a propósito del referéndum.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló este viernes a favor de las medidas provisionales solicitadas por Guyana y ordenó al Gobierno de Nicolás Maduro abstenerse de tomar medidas que agraven la disputa territorial por el Esequibo.
«Por unanimidad, en espera de una decisión final en el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción, que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio, por el cual la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona», señaló la jueza Joan E. Donoghue, presidenta de la CIJ.
Además, el Tribunal ordenó que «ambas partes se abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante el tribunal o hacerla más difícil de resolver».
La conclusión era de esperarse: no se prohíbe el referéndum.
Se invita a las partes a evitar llevar a cabo acciones que entorpezcan el proceso jurídico.
Nada impedirá el referendo
Recientemente, la representación de Venezuela dijo a la CIJ que seguirá adelante con el referéndum previsto para el próximo 3 de diciembre sobre sus derechos sobre un territorio potencialmente rico en petróleo que es objeto de una disputa fronteriza con Guyana, que pidió al tribunal que detuviera la votación.
«Venezuela reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana para interferir en sus asuntos internos», dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez a la CIJ, calificando la acción de Guyana de «colonialismo judicial (…) burdo e infantil».
CIJ rechaza medida solicitada por Guyana para suspender referéndum
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la medida provisional solicitada por la República Cooperativa de Guyana para suspender el referéndum sobre la Guayana Esequiba convocado por el Gobierno venezolano para el 3 de diciembre.
Esta solicitud fue hecha por el gobierno guyanés, al margen de la ley y por encima del derecho internacional, el pasado 30 de octubre con el propósito de frenar la consulta al pueblo venezolana realizada sobre la base del artículo 71 de la Constitución de la República de Venezuela.
Esta consulta fue convocada por iniciativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, luego que Georgetown otorgara contratos de perforación en aguas por delimitar entre ambos países.
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