Gobiernos y organizaciones humanitarias estiman que unos 7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2015, lo que representa constantes y crecientes movimientos fronterizos, en su mayoría por vía terrestre, que han creado un caldo de cultivo para traficantes de personas que se aprovechan de la necesidad de los migrantes para engañarlos y atraparlos en redes de trata.
Por ello, el Ejecutivo intenta frenar la emigración masiva, apoyado por la leve recuperación económica, mientras que las instituciones del Estado se han aliado con Naciones Unidas para establecer manuales de prevención y acción frente al delito.
Uno de esos actores es la Fiscalía, que últimamente ha reportado el desmantelamiento de algunas redes de trata, pero que en números brutos -nueve detenidos en los últimos dos meses- se queda corta ante el aluvión de casos que registran ONG, según los cuales en 2022 hubo miles de víctimas y la situación ha empeorado.
A mediados de 2021, el Gobierno publicó su plan nacional contra la trata de personas que incluye a 11 ministerios y al Tribunal Supremo de Justicia, entre otras instituciones, y se comprometió a sumar esfuerzos para esta cruzada, pero quienes trabajan a favor de las víctimas insisten en que hace falta más.
Con información de EFE
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