Este 14 de junio la organización Creemos Alianza Ciudadana presentó un manifiesto ciudadano en donde proponen nuevas acciones al gobierno nacional.
Dicha iniciativa nace de la necesidad de cambio estructural y político en Venezuela, en búsqueda de una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por ello, basándose en la Agenda 2030, la ong planteó 12 propuestas para aplicarse en diferentes sectores.
El primero de ellos es el sector educativo, para el cual solicitan aumentar el presupuesto de las instituciones, lo que producirá una mejora educativa a nivel nacional. En la esfera laboral, una remuneración económica que dignifique el trabajo de todos los trabajadores públicos.
El tercer punto es el respeto al Estado de Derecho, en donde exigen a las autoridades nacionales la independencia y autonomía de los Poderes Públicos, para así garantizar la transparencia del manejo de los recursos públicos, y, la recuperación de la democracia. Aunado a esto, también exhortan al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a todos los presos políticos, cifra que asciende a más de 200 ciudadanos privados de libertad.
En lo referente a los Derechos Humanos, la alianza hace un llamado al Estado para que se respeten todos los derechos, en especial los decretados en la Carta Universal, la libertad de expresión y de prensa y los derechos sociales y políticos, entre ellos el de elegir y ser elegidos, que actualmente se ve limitado por las inhabilitaciones a algunos políticos, precandidatos a la Primaria 2023.
"Exigimos una atención prioritaria e integral de la Emergencia Humanitaria Compleja, con especial énfasis en la población más vulnerable, que se centre en disminuir sin causas y no solo en consecuencias, solo así lograremos evitar el progreso de la catástrofe. Así mismo, la tensión que se brinde a los afectados por esta situación debe ir enfocada en las actividades de la Atención Primaria en Salud", expone el comunicado.
Posteriormente, rechazaron la intervención arbitraria a los medios de comunicación social, esto como la intención de manipular y restringir el contenido difundido, lo que afecta directamente el derecho a la libertad de expresión y de prensa, así como a los derechos constitucionales de informar y ser informado.
Para Mérida, exhortan al gobierno regional abocarse a resolver los múltiples problemas con los servicios públicos, en especial agua, luz y distribución de combustible.
Foto: VC
Valeria Fernanda Castro. Periodista egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta. CNP: 26.049.
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