El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, lamentó los anuncios del Ejecutivo nacional en cuanto al salario de los venezolanos pues, debido a la crisis económica, se generó una “gran incomodidad para todos”.
Añadió que mientras el salario no se aumente a un monto real, cónsono con la situación económica del país, “no solo va generar malestar, sino crea una situación de alarma, principalmente en el sector público”.
“Creo que todos los sectores sindicales de cualquier color estamos en una situación grave. Estamos esperando la información hecha decreto, porque se habló de otros puntos”, comentó
Suárez dijo que existen muchos problemas que están alrededor del salario de los trabajadores y uno de ellos tiene que ver con seguridad social. “La seguridad social se ve muy afectada porque no hay aumento de salario y los beneficios no aumentaron”, agregó.
A criterio de Suárez, este aumento en el ticket de alimentación, que pasó de 45 bolívares a 40 dólares, más el bono de guerra económica de 30 dólares, para llevar ese ingreso “bonificado” e indexado a un total de 70 dólares, fue dirigido al sector privado.
“El aumento del cestaticket incide también en el sector privado, donde ya se pagaban ciertos bonos”, detalló.
El sindicalista añadió que en la medida que no se aumente el salario, no corren las escalas salariales de todos los sectores y estos también aplica paran los recursos parafiscales que son: Seguro Social Obligatorio (IVSS), Régimen Prestacional de Vivienda, Hábitat, Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES) y el Régimen Prestacional de Empleo.
“Las reuniones sobre los contratos colectivos siguen en pie, esperamos que nos sentemos a discutir sobre eso”, sentenció.
Plan de resistencia
En relación a los otros anuncios hechos este lunes 1° de mayo por el presidente Nicolás Maduro, con los que llamó a la población a “resistir”, Suárez no percibe mucha confianza hasta tanto no lo vea materializado vía decreto.
En lo que si coincidió con Maduro fue en la creación de una comisión nacional de alto nivel con el fin de que sea esa la instancia que estudie y active nuevas convenciones colectivas para el sector público.
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