La Fiscalía General de Ecuador pidió prisión preventiva contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija y otros siete procesados dentro del llamado caso Sinohydro por el incumplimiento de la presentación periódica ante la justicia dispuesta en marzo por un juez, informó el departamento de Comunicación de la Fiscalía a CNN. Moreno es procesado por una presunta participación en el delito de cohecho.
El fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga, solicitó que, al haberse configurado un incumplimiento a las medidas alternativas dictadas en primera instancia, estas se dejen sin efecto y pidió que se ordene la prisión preventiva para los implicados.
En el caso de los procesados que se encuentran en el extranjero, como Lenín Moreno y su esposa, la Fiscalía solicitó que se oficie su búsqueda y captura ante la Interpol.
La Fiscalía hizo el pedido durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. David Meza, abogado de Moreno, dijo a los medios que en esa revisión se solicitaba al juez que el exmandatario pueda cumplir con una presentación periódica en la embajada de Ecuador en Paraguay, pues debido a su situación médica y discapacidad no es posible que pueda ir a Ecuador.
De acuerdo con la Fiscalía, este caso se relaciona con una supuesta estructura de corrupción en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que desarrolló la empresa estatal china Sinohydro en las provincias ecuatorianas de Napo y Sucumbíos.
Lenín Moreno y su esposa residen en Paraguay desde inicios de 2022. Durante una entrevista con CNN el 8 de marzo, el expresidente rechazó las acusaciones en su contra. Insistió en que no tuvo responsabilidad en la contratación de la obra y consideró que el proceso judicial es una persecución contra él y su familia.
“Yo pienso que se ha llevado a cabo una real persecución por primera vez en la vida política del Ecuador, se lleva a juicio a toda una familia”, dijo.
A inicios de marzo, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, ordenó el inicio de la instrucción fiscal por 90 días y dispuso medidas cautelares contra Moreno, seis miembros de su familia y otras 30 personas investigadas en este caso.
El monto del presunto cohecho, según la fiscal general Diana Salazar, sería de US$ 76 millones, equivalente a casi un 4% del valor contratado de la obra. Los sobornos supuestamente se habrían pagado entre 2010 y el 6 de junio de 2018, de acuerdo con Salazar.
La Embajada de China en Ecuador respondió a CNN en marzo que espera que los órganos judiciales de Ecuador realicen todas las investigaciones y juzguen el caso de manera justa y objetiva.
"El gobierno chino siempre exige a las empresas chinas que operen de conformidad con las leyes y reglamentos en el extranjero. Al mismo tiempo, también apoya firmemente a las mismas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", expresó en un correo la embajada a CNN.
Con información de CNN
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