La purga política que ha iniciado el Gobierno de
Nicolás Maduro enfundada en la consigna anticorrupción y que ya ha llevado
a importantes cuadros políticos y gerentes públicos a prisión, no tiene
precedentes en la historia del chavismo. En el epicentro de las tormentas,
señalado de forma tácita, y en total silencio, se encuentra Tareck El
Aissami, hasta hace poco uno de los pilares más poderosos del andamiaje
revolucionario.
El proceso anticorrupción en curso es la comidilla
cotidiana y el tema de conversación por excelencia en las calles, la mayoría de
las veces de manera socarrona e incrédula. La radio y la televisión oficial
adelantan la información con prudencia, pero la indignación, cuando no la
decepción, hierve en las redes sociales.
El fiscal general, Tarek William Saab, ha
declarado que 51 personas – entre altos funcionarios y empresarios vinculados
al régimen- tendrán que presentarse ante los tribunales por existir “elementos
de convicción” que indican que forman parte de una trama fraudulenta hilvanada
para desviar los fondos de la república en la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA) y la siderúrgica Corporación Venezolana de Guayana. Saab
informó que 262 funcionarios más están siendo procesados e investigados.
Casi todos los inculpados conocidos –Hugbel Roa, Pedro
Maldonado, Joselit Ramírez- son cercanos en lo personal al exministro
de Energía y Petróleo y exvicepresidente del Área Económica, El Aissami, cuyo
paradero se desconoce. El último en ser detenido ha sido Hugo Cabezas, también
del entorno político de El Aissami. Cabezas fue presidente del Saime, la
oficina de los servicios nacionales de identificación; es actual directivo de
la empresa Cartones Venezolanos, vinculada a la CVG, y fue gobernador del
Estado Trujillo. Saab no quiso adelantar información sobre un posible juicio al
propio El Aissami.
Los montos desviados en negocios ilegales en esta ocasión
han sido calculados en tres mil millones de dólares. El propio Nicolás Maduro
afirmó sentirse “indignado” ante tal conducta, y prometió que, al final de las
pesquisas, el dinero sería reinvertido en obras de gobierno y gestión social.
Aunque no es el primero, ni el más grave del voluminoso
expediente de casos de corrupción en los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,
los mandos revolucionarios pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su
militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública.
Alguna circunstancia parece haber disparado la espoleta para abrir la cacería
interna.
“Los equilibrios internos son complejos dentro del
chavismo”, afirma la politóloga y escritora Colette Capriles. “Maduro
sale adelante con esta iniciativa, no por un tema moral, sino político. Los
excesos de El Aissami y el resto de los dirigentes han puesto en peligro a la
propia coalición gobernante. Maduro tiene rato urgido de ingresos, el
descontento social está aumentando, tiene planes de hacer inversiones sociales
que le permitan encarar las próximas elecciones con perspectivas de victoria, y
ha descubierto que la plata le faltaba. Maduro siente que puede orientar esta
iniciativa y obtener réditos políticos con ella afianzando su autoridad”.
Una apreciación similar tiene Stefania Vitale, académica
del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Universidad Central de
Venezuela. “Creo que hubo sorpresa ante la magnitud de los montos, y eso se
puede haber combinado con las tensiones del momento. Aquí hay necesidades de
dinero, pero es un tema, sobre todo, de economía política. Maduro está buscando
reorientar las cosas con sus decisiones”.
En el pasado se produjo una enorme cantidad de
desprendimientos por razones ideológicas en el seno del oficialismo –Luis
Miquilena, Henri Falcón, Ernesto Alvarenga, Gustavo Márquez, Rodrigo Cabezas-;
o por desavenencias políticas, legales y personales, como Andrés Izarra,
Gabriela Ramírez, Luisa Ortega Díaz o Miguel Rodríguez Torres.
Las crisis a causa de la corrupción, a pesar de las
múltiples denuncias, investigaciones legislativas y reportajes periodísticos
que la han documentado en estos años, no han sido nada relevantes, y solo han
sido explotadas aquellas que han tenido utilidad política para
Miraflores. El exministro de Defensa Raúl Baduel, un líder influyente
en los cuarteles, enfrentado personalmente a su antiguo amigo Hugo Chávez, fue
llevado a la cárcel bajo cargos de corrupción, aunque era muy obvio que existía
interés en sacarlo del camino y opacar su influencia. Jorge Giordani, tutor
personal de Hugo Chávez, y durante años su ministro de Planificación, terminó execrado
de las filas revolucionarias al asumir Maduro la presidencia, al presentar
quejas por la corrupción desbordada y criticar con dureza la política económica
oficial.
El voluminoso expediente de corrupción y excesos
orquestado en los años de Rafael Ramírez frente a PDVSA, -denunciados
en 2016 por parlamentarios de la oposición mientras los fondos nacionales se
evaporaban en medio de una prolongada crisis cambiaria-, fueron tenazmente
negados por toda la clase política chavista, que bloqueó las investigaciones y
terminó cercenando al legislativo en sus funciones para abrir las compuertas de
las protestas populares generalizadas de 2017.
Al salir de PDVSA, Ramírez fue primero embajador ante
Naciones Unidas, para luego renunciar a su cargo y quedarse en el exterior en
calidad de exiliado. Es ahora, casi seis años después, cuando los tribunales
chavistas han decidido formalizar cargos contra él.
“El ingrediente de este proceso interno es que se ha
presentado en un momento en el cual los ingresos fiscales del estado venezolano
están muy limitados para cubrir el número de necesidades del país,” afirma
Piero Trepiccione, politólogo y coordinador del jesuita Centro Gumilla. “Maduro
necesita recursos para encarar la reelección. Frente a su debilidad en la
opinión pública y su poca popularidad, afinca su autoridad, con una
recomposición que le permite concentrar poder.”
Con información de El País
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