El Ejecutivo rechazó la decisión de la Unión Europea de renovar las sanciones contra 17 funcionarios del gobierno de Venezuela.
Mediante un comunicado, el Gobierno calificó como anacrónica la medida.
«Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por ilegalmente por la Unión Europea de forma premeditada, castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano, ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a los alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad.», señala el texto.
Más adelante, afirman que, «la decisión de la Unión europea, publicada el mismo día en el que el presidente Emmanuel Macron manifiesta públicamente la voluntad de apoyar las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, es incoherente y constituye una bofetada a la iniciativa francesa denominada Foro por la Paz.
El Ejecutivo nacional calificó como política insana y herramientas de chantaje político que se oponen a los principios democráticos, que se configura como una «peligrosa práctica contraria a los principios del Derecho Internacional».
El Gobierno de Venezuela ratificó la intención de defender su soberanía y principios constitucionales.
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